Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textil argentino

El Complejo Textil Argentino (CTA), incluido el sector de Indumentaria, atravesó durante la mayor parte de la década de los noventa y los comienzos del nuevo milenio por su mayor crisis en más de 50 años. Unos pocos indicadores bastan para reflejar la magnitud de la caída: entre los años 1993 y 2001, el valor agregado de los sectores de Hilado y Tejido se contrajo 38%, el consumo aparente 37%, el número de obreros ocupados 42%, las horas trabajadas 52% y los salarios reales 30%. Idénticos indicadores correspondientes al sector de Indumentaria exhiben, respectivamente, los siguientes valores: el valor agregado cayó 37%, la demanda interna 36%, el empleo 51%, las horas trabajadas 45% y el salario real 20%. Al mismo tiempo, en ese mismo período, el saldo del comercio exterior registró un déficit acumulado de 3163 millones de dólares en productos textiles y 1081 millones en indumentaria. Este proceso de involución registrado a nivel macro-sectorial fue causa y efecto, a la vez, de la ruptura y desestructuración de la red productiva y la desaparición de un elevado número de establecimientos y empresas. Si bien durante este período, las exportaciones contribuyeron positivamente a la evolución sectorial, tanto el proceso de de-sustitución de importaciones como la variación de la demanda interna jugaron un papel negativo, convirtiéndose en los factores esenciales de la declinación del CTA hasta el 2001. El colapso del régimen de convertibilidad dio pie a un fuerte cambio en los precios relativos a favor de los bienes comercializables internacionalmente y a un importante abaratamiento, en términos internacionales, del costo laboral y de las tarifas de los servicios públicos, instalando incentivos para la sustitución de importaciones y la expansión de las exportaciones de los productos manufacturados. Aún en un contexto inicial de mayor recesión en el consumo doméstico, el CTA reaccionó positivamente durante el año 2002, en una dirección acorde con esos estímulos; en el 2003, la demanda y la producción local crecieron fuertemente, al tiempo que el proceso sustitutivo se debilitó y, en promedio, volvió a jugar un papel contractivo, siendo la expansión de la demanda interna la clave explicativa del crecimiento sectorial. Estas tendencias de crecimiento, aunque más moderadas, se mantienen durante el 2004 y parecen emerger algunos cuellos de botella en la producción; el incremento del PBI sectorial continúa apoyándose en la expansión del consumo interno, mientras que las exportaciones apenas contribuyen ligeramente a esa evolución y las importaciones vuelven a desplazar a importantes segmentos de la oferta local. Al momento de la elaboración de la investigación y del informe mismo, se había estimado una brecha importante entre la demanda real y la demanda potencial dirigida al CTA, comparando los niveles de consumo observados con los registrados en el pico máximo previo a la recesión iniciada a finales de los años noventa; esta evidencia llevaba a afirmar que había todavía un margen de crecimiento importante en el mercado interno y que, si la producción local no satisfacía esa mayor demanda potencial, las importaciones podrían encontrar un nuevo impulso. Lo observado en los últimos meses revela que una parte importante de esa brecha de consumo ha sido recorrida y cerrada durante el 2004, al tiempo que confirma la hipótesis de nuevas y crecientes importaciones sustitutivas de la potencial oferta local. En este marco, las conclusiones de este informe sobre la necesidad de dinamizar el proceso de inversión, si se pretende retener una parte sustantiva de la capacidad productiva textil, resultan todavía más perentorias Al efecto de garantizar la máxima eficacia de políticas para el sector, deberían articularse instrumentos y recursos de financiamiento disponibles en fuentes públicas nacionales e internacionales y establecerse un marco institucional de gestión de la misma que asegure operatividad, transparencia y eficiencia. Para ello, debería asegurarse la participación conjunta del sector privado y el sector público en las instancias de selección, decisión y supervisión de los proyectos. Asimismo, deberían definirse estrictamente los posibles beneficiarios, el plazo de vigencia de los incentivos, los compromisos de contrapartida por parte de las empresas y las sanciones en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos.