El funcionamiento del mercado de trabajo y el aumento del paro en España

La manifestación más grave de la intensidad de la crisis que está afectando a la economía española es la evolución de la tasa de paro. En concreto, de acuerdo con los datos de la EPA, la tasa de paro pasó del 9,6% a principios del año pasado al 17,9% en el segundo trimestre de este año, superando la cifra de 4 millones de desempleados. La destrucción de puestos de trabajo está siendo más acusada que en otros países desarrollados, aun cuando se tienen en cuenta algunas peculiaridades del caso español. Así, en países que afrontan una contracción de la actividad similar a la española, pero presentan unos incrementos de la población activa más reducidos que España y su sector de la construcción no había experimentado una expansión comparable, la tasa de paro aumentó en pequeña magnitud desde principios del año pasado —por ejemplo, según Eurostat, en Francia, en 1,3 puntos porcentuales (pp)— o, incluso, se ha mantenido estable —por ejemplo, en Alemania—, si bien es previsible que estos países registren un aumento del desempleo en los próximos trimestres. Sin embargo, cuando la comparación se hace con países que comparten características similares en los desarrollos inmobiliarios y demográficos, como son Estados Unidos, Reino Unido o Irlanda, el aumento del desempleo en España sigue destacando; en concreto, en Estados Unidos la tasa de paro «solo» ha aumentado en 4 pp, algo más que en el Reino Unido, y el mayor deterioro se ha producido en Irlanda, con 6,4 pp, frente a los más de 8 pp de España. Este comportamiento sugiere que los mecanismos de ajuste del mercado de trabajo español frente a perturbaciones adversas no funcionan de forma adecuada, ya que hacen recaer el peso del ajuste en el empleo, lo que resulta muy costoso desde la perspectiva del crecimiento económico a largo plazo y del bienestar social. Además, estas distorsiones no solo se manifiestan en los períodos recesivos, sino que también se reflejan en las épocas de expansión económica en forma de una excesiva temporalidad y precariedad de los empleos generados, de un bajo crecimiento de la productividad y de los salarios reales y de una tasa de paro que no acaba de converger a la registrada por los países de nuestro entorno. Las deficiencias en el funcionamiento del mercado de trabajo reflejan, entre otras cosas, una insuficiente adecuación del diseño institucional que lo regula. Entre las numerosas figuras institucionales que configuran el mercado laboral, las más relevantes a la hora de determinar su modalidad y capacidad de ajuste ante graves perturbaciones macroeconómicas son los sistemas de protección del desempleo, entendidos en sentido amplio (incluyendo las prestaciones por desempleo y las indemnizaciones por rescisión de contratos), los mecanismos de determinación salarial (es decir, el sistema de negociación colectiva), las políticas activas (las acciones encaminadas a aumentar la empleabilidad de la fuerza laboral) y los mecanismos de intermediación de este mercado (es decir, los servicios que facilitan que los demandantes y los oferentes de empleo —las empresas y los individuos, respectivamente— se emparejen con facilidad). Entre todas ellas, las que ejercen una influencia más determinante en el desplazamiento de los ajustes hacia el empleo probablemente son las dos primeras, esto es, los sistemas de protección del desempleo y los mecanismos de determinación salarial. Además, diversos estudios han puesto de manifiesto cómo también resulta muy relevante tener en cuenta la interacción entre ambas instituciones para entender la reacción del mercado laboral ante perturbaciones: de hecho, es evidente que los sistemas de protección pueden afectar al resultado de la negociación colectiva, y, viceversa, que el grado de ajuste de los salarios ante una perturbación hace necesario recurrir a los sistemas de protección del empleo. En este sentido, deben recordarse las fundadas razones que justifican la existencia de estas instituciones del mercado de trabajo, ya que permiten asegurar las rentas a los trabajadores (que, así, pueden mantener un patrón de gasto más estable en el tiempo), trasladan parte del riesgo desde los individuos a las empresas, hacen que las empresas consideren como propio el coste social que tiene despedir a las personas, permiten que los desempleados encuentren un puesto de trabajo que se ajuste mejor a sus cualificaciones y equilibran el poder de negociación entre ambas partes del mercado de trabajo, entre otras. De aquí la importancia de que el diseño de las mismas sea adecuado y favorezca que los ajustes del mercado de trabajo se produzcan de manera eficiente y con el menor coste económico y social posible. Sin embargo, no debe olvidarse que, para que se pueda obtener el máximo rendimiento de estas mejoras de diseño, es necesario que las empresas actúen en un entorno más competitivo en los mercados de productos, de forma que la consecuente reducción de los márgenes empresariales acabe por trasladarse a los consumidores finales. Así, en las dos secciones siguientes de este artículo se resume el marco institucional vigente en España sobre la protección de los desempleados y la determinación de los salarios, poniéndolo en una perspectiva internacional y tratando de identificar sus principales deficiencias. A continuación, se pasa revista a algunas de las reformas de los mercados de trabajo que han realizado países de nuestro entorno, que pueden servir de marco de referencia para enmarcar la problemática española. En concreto, Alemania y Austria abordaron profundas reformas en la concepción de los sistemas de protección del desempleo durante los años noventa y, de hecho, son países que, por el momento, muestran una considerable resistencia al aumento del paro. Suecia es un ejemplo paradigmático de cómo una negociación colectiva que se queda a medio camino entre la excesiva centralización pasada y la negociación al nivel de la empresa puede ser perjudicial para el desempleo. Finalmente, la última sección resume las conclusiones del artículo.