El control de constitucionalidad abstracto y sus implicaciones en las políticas públicas: el caso de la descentralización fiscal en Colombia

El objetivo de este trabajo es contribuir al debate del control de constitucionalidad abstracto que ejerce la Corte Constitucional y para eso se desarrolla un estudio de caso de once sentencias proferidas entre 1999 y 2013, las cuales están relacionadas con el proceso de descentralización fiscal y la autonomía territorial. También se presenta un análisis de contenido de las mismas, el cual permite entender mejor el rol de la Corte como actor de política pública al profundizar en el análisis y discusión de sus posiciones en la materia. Los resultados de este trabajo muestran que en lo relacionado con la descentralización, la Corte identifica la sostenibilidad y el equilibrio fiscal como un objetivo de interés general, el cual debe ser preservado por las autoridades públicas, incluso si esto implica una restricción del principio de autonomía territorial. Asimismo, de acuerdo con la Corte, este último no se puede confundir con soberanía y, por lo mismo, debe entenderse también como una responsabilidad que tienen las entidades territoriales con una gestión eficiente de sus recursos. ***** The primary goal of this paper is to contribute to the debate on the judicial review exercised by the Colombian Constitutional Court, and for that, we developed a case study of 11 sentences issued between 1999 and 2013, and which are related to the process of fiscal decentralization and autonomy. It also presents a content analysis of the same, which allows a better understanding of the role of the Court as a relevant public policy actor by going deeper into the analysis and discussion of its role in the matter. The results of this work show that in the area of decentralization, the Court identifies sustainability, and fiscal balance as an objective of general interest, which must be preserved by public authorities, even if this implies a restriction of the principle of territorial autonomy. Likewise, according to the Court, this last principle cannot be confused with sovereignty, and, for the same reason, it must also be understood as a responsibility that regional entities have with efficient management of their resources.