Particulares vinculados por la fuerza normativa de la moralidad administrativa. No.55

La presente investigación, si bien, exigió, en cierta medida, un trabajo de sistematización de la labor de los tribunales en relación con el derecho a la moralidad administrativa, se dirige sobre todo a contribuir a la segunda de las necesidades planteadas. Este estudio se proyecta a resolver si los particulares se encuentran vinculados por la fuerza normativa del principio y del derecho a la moralidad administrativa y, en consecuencia, si en su contra procede el ejercicio de acciones populares cuando atenten o pongan en peligro este derecho.El enunciado moralidad administrativa sugiere que esta es la moral que se exige a quienes cumplen funciones administrativas, y por ende, en principio puede afirmarse que sólo aquellos particulares que cumplan funciones administrativas, conforme lo autoriza la Constitución de 1991, se encuentran vinculados a este precepto normativo. Sin embargo, otra de las discusiones que no ha sido pacífica en el medio ha sido la determinación de qué es la función administrativay cuándo se ejerce esta función. El tema ha sido todavía más difícil y polémico en el momento que se trata de determinar cuándo los particulares, en caso de que se les encomiende el ejercicio de funciones públicas, desempeñan una función de estricto carácter administrativo.Las anteriores consideraciones permiten concluir que esta investigación además de útil y pertinente es novedosa, pues contribuye a fomentar el debate en torno a los límites y alcances de la moralidad administrativa como principio y como derecho.