Inversión y productividad en la industria boliviana de telecomunicaciones

Resumen Este documento proporciona un informe analítico del impacto de las reformas estructurales de segunda generación en la industria boliviana de telecomunicaciones. En particular se evalúa su impacto inicial sobre la evolución de la inversión sectorial y sus determinantes. Desde 1985, Bolivia dio inicio a un proceso de liberalización de su economía mediante las llamadas reformas de primera generación. Las reformas de segunda generación, que afectaron al sector de telecomunicaciones en forma directa, se iniciaron en 1994-1995. Con la Ley de Capitalización, la Ley del Sistema de Regulación Sectorial y en particular la Ley de Telecomunicaciones, el Estado transfirió la administración de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL); al sector privado mediante un proceso de capitalización y se creó la Superintendencia de Telecomunicaciones. Actualmente, la estructura de la industria, en particular telefonía, incluye el monopolio de ENTEL en larga distancia nacional e internacional, un duopolio en telefonía celular con ENTEL MOVIL y TELECEL, y un sistema de cooperativas telefónicas independientes que atienden la telefonía local en las principales ciudades bolivianas. La presente estructura será mantenida hasta el año 2001, cuando se levanten los privilegios de exclusividad otorgados en larga distancia y telefonía local. Hasta entonces, la regulación es muy activa, exigiendo mediante contrato con los diferentes operadores, el cumplimiento de metas de expansión, modernización y calidad de los servicios. Entre los principales resultados, se observa que la inversión en capital fijo durante 1997 fue de US$ 165 millones, suma mayor a la barrera de US$ 100 millones en un solo año. Esta inversión en expansión de actividades, también se encuentra acompañada por mejoras en productividad y calidad de los servicios. En el caso de telefonía celular en particular, se observa una dramática expansión de dichos servicios. Hasta el año 2001, la inversión estará determinada principalmente por el compromiso de cumplimiento de metas de expansión, modernización y calidad de los servicios. Luego de la apertura de mercados, la inversión estará determinada por la tasa de retorno en condiciones de elevada competencia e innovación tecnológica.