La economía española ante la crisis del Covid-19. Comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2020

La pandemia de coronavirus ha colocado nuestra economía en una situación inédita, por la enorme magnitud de esta perturbación adversa, su previsible temporalidad, aunque con potenciales daños estructurales, y su absoluta globalidad. Algunas características de la economía española —la especialización sectorial del tejido productivo, el reducido tamaño medio de las empresas y la elevada temporalidad en el empleo— la hacen más vulnerable que las de otros países a esta perturbación. Esta situación demanda, en una primera fase, políticas económicas inmediatas contundentes, acotadas en el tiempo —hasta que el empleo y la actividad económica recuperen el pulso tras el proceso de hibernación inducida— y coordinadas internacionalmente. El objetivo es paliar la pérdida de rentas de los hogares y las empresas afectados por la crisis, y evitar que una perturbación de carácter temporal genere efectos persistentes en el tiempo; para ello, la política fiscal es la herramienta más adecuada. La política monetaria debe operar también de manera enérgica para garantizar a los agentes económicos unas condiciones de financiación y liquidez adecuadas. Las políticas micro- y macroprudencial deben promover que las entidades financieras sigan haciendo llegar el crédito a las familias y a las empresas, y, a la vez, preservar la estabilidad financiera del sistema. Además, la crisis, por ser global, exige una respuesta coordinada a escala internacional y, en el plano europeo, una respuesta conjunta, soportada por un mecanismo de mutualización de recursos financieros y de riesgos, y una unión bancaria completa. Una vez superada la fase más aguda de esta crisis, las políticas económicas deberán abordar, fundamentalmente, los siguientes retos: reducir el déficit estructural y la deuda pública, y favorecer el crecimiento a largo plazo. La estrategia deberá descansar en un programa de consolidación presupuestaria de medio plazo —que, a través de una revisión del gasto y de la estructura y capacidad impositivas, permita sanear nuestras finanzas públicas—, así como en un programa de reformas estructurales que eleven la capacidad de crecimiento económico, con especial atención a la mejora del capital humano y al gasto eficiente en I+D.