La judicialización de la política en América Latina

Un rasgo significativo de América Latina en las últimas dos décadas ha sido el protagonismo judicial, que ha conducido a una importante “judicialización” de la política, esto es, a que ciertos asuntos que tradicionalmente habían sido resueltos por el sistema político empiezan a ser decididos por los jueces. Dicha judicialización es empero un fenómeno complejo, que ha afectado de manera diversa a los distintos países, tanto en la magnitud del proceso, como en sus formas de desarrollo, sus lógicas e impactos. Su intensidad ha sido diversa: en algunos países, como Argentina, Colombia o Costa Rica, ha sido muy importante, mientras que en otros países, como Chile, México o Ecuador, ha sido relativamente débil, o incluso inexistente. La forma de la judicialización no ha sido tampoco uniforme. En ciertos casos, como en Colombia, ha sido en gran medida una expresión del activismo relativamente autónomo de un tribunal específico, la Corte Constitucional. En cambio, en otros países, como Brasil, ha sido más bien obra de muchos jueces dispersos, mientras que en otras naciones, como Argentina, ha estado muy vinculada a formas de litigio masivo de desarrolladas por los ciudadanos. Los factores que la han impulsado no han sido tampoco siempre los mismos. En ciertos casos, las reformas constitucionales han tenido un impacto significativo en la judicialización de la política. Así, la adopción de nuevas constituciones generosas en derechos y en mecanismos judiciales de protección –como en Colombia o Brasil– ha tenido un peso decisivo en su desencadenamiento, pero en otros países –como en Costa Rica– ha ocurrido una importante judicialización de la política, por la labor de la Sala Constitucional de ese país, pero sin la adopción de una nueva constitución ni la incorporación de nuevos derechos en el texto constitucional. En otras naciones, como en Ecuador, la adopción de una nueva constitución, con una carta de derechos vigorosa y un nuevo tribunal constitucional, no condujo empero a ninguna forma significativa de judicialización de la política.