La reforma laboral y la participación privada en los puertos del sector público = Labour reform and private participation in public-sector ports

Resumen Durante siglos quienes establecieron unilateralmente las condiciones de empleo de la mano de obra portuaria fueron los empresarios marítimos, pero en las últimas décadas en América Latina y el Caribe han sido los gobiernos, que son a la vez los empleadores, y los sindicatos. Los regímenes laborales vigentes atienden a la aspiración de los estibadores a un sustento adecuado, pero los aíslan de las señales del mercado y originan servicios monopolísticos de manipulación de la carga, con la consiguiente ineficiencia y sobredotación de personal. En una economía globalizada, es imperioso eliminar tales costos. El comercio internacional ha transformado la competencia; ya no se trata de una pugna entre productos finales, sino entre todos los insumos que componen un producto, y la mano de obra no es sino un insumo más, con sus propias exigencias de mercado. Los objetivos comerciales de usuarios y empresarios marítimos y las metas sociales de los estibadores se han vuelto complementarios e interdependientes, y no pueden lograrse sin un esfuerzo colectivo de colaboración. El éxito comercial tiene una base social, que es importante no sólo para los trabajadores portuarios sino también para los usuarios y los empresarios marítimos. Los mecanismos del mercado y las leyes antimonopolio constituyen un parámetro independiente e imparcial con arreglo al cual pueden equilibrarse los objetivos comerciales y las metas sociales de empleadores y trabajadores. En una economía globalizada, la equidad social se orienta hacia la oportunidad y crea una fuerza de trabajo altamente motivada por su participación en las utilidades y en las decisiones de gestión, y apoyada en programas de capacitación, servicios de colocaciones, indemnizaciones y planes de jubilación anticipada. Para elaborar regímenes laborales en función del mercado, es preciso que los gobiernos abandonen sus arraigadas tendencias a resolver los problemas comerciales por medios políticos. Deberían formarse equipos integrados por personas de distintos ministerios, grupos de usuarios, sindicatos portuarios, empresarios marítimos y administraciones de puertos, y eliminar los impedimentos regulatorios para dejar paso al libre juego de los mecanismos del mercado, descentralizar el mercado laboral, utilizar leyes antimonopolio para evitar el uso indebido de los mecanismos del mercado y cumplir con los límites de la equidad social orientada hacia la oportunidad al otorgar beneficios a los trabajadores. No se debería exigir que los empresarios marítimos pagaran por el valor político de los servicios de la mano de obra portuaria ni que emplearan a trabajadores innecesarios. Los usuarios y los empresarios marítimos deberían ver a la mano de obra portuaria como un singular instrumento de prestación de servicios, y los trabajadores deberían entender que su suerte está ligada a la viabilidad comercial de los usuarios y empresarios marítimos. Será necesario actualizar frecuentemente estos regímenes, a fin de responder a los cambios en las condiciones del mercado, y vigilar su aplicación, para velar por el cumplimiento de sus disposiciones.