La deontología aplicada a la política de costo de generación en el Ecuador

Entender el funcionamiento de un sistema eléctrico es una de las obligaciones que todo profesional en el área eléctrica debe conocer, su estructura (generación, transporte, distribución) están sujetos a mecanismos de operación y mantenimiento asociados a una tarifa, que pretende compensar los costos derivados por las actividades realizadas por los operadores, de este modo se garantiza su pleno funcionamiento y garantiza el acceso a la electricidad por parte de los consumidores residenciales, comerciales e industriales, por estas situaciones la fijación de tarifas eléctricas está sujeta a la naturaleza del mercado eléctrico, es decir la planificación que conlleva el despacho de energía de la manera más eficiente y con menor costo e impacto para los consumidores, es por esta planificación que resulta ineficiente y sobre todo irreal poner en funcionamiento toda la capacidad de generación disponible, porque la energía como tal no puede ser almacenada en su totalidad e indefinidamente, las empresas generadoras están obligadas a planificar sus actividades en base a criterios de demanda eléctrica entendiéndose como criterios a estadísticas, flujos de carga ,índices de consumo e incidencias y afectaciones sobre el sistema nacional interconectado, bajo este contexto la emisión de un pliego tarifario está sujeto a regulaciones donde entidades competentes, los llamados reguladores y operadores, son los encargados de supervisar y realizar las acciones pertinentes asociadas a la emisión de costos, por esta situación es elemental que dichas entidades caracterizarse por una completa independencia y desligada en lo posible de cualquier vínculo con partidos políticos o tendencia ideológica, porque como se ha suscitado a lo largo de la historia se ha manipulado al sector con segundas intenciones favoreciendo en muchas ocasiones a empresas privadas o a fines meramente populistas, a través de la compra de conciencias, mediante la emisión de tarifas irreales que atentan contra el funcionamiento del sistema eléctrico impidiendo generar recursos para su expansión y mantenimiento.