Mecanismos de control en la contratación estatal como elemento de la lucha anticorrupción

El artículo relata el efecto que el proceso de integración económica, adoptado por el Estado colombiano con la Constitución Política de 1991, ha traído en esta materia, al pasar de un Estado ejecutor a uno con un rol más regulador. Lo anterior conlleva que los bienes y servicios que en gran medida eran asumidos directamente por la entidad estatal, ahora los suministren proveedores del sector privado o social, ampliando su participación indirecta en la prestación del servicio público y por ende en el logro de los fines del Estado. Al considerar lo que implica el servicio público, y que su finalidad no es la que busca el sector privado, el gobierno ha disenado mecanismos que promuevan la protección de los principios de la función pública en el proceso para la adquisición de bienes y servicios, ya que si bien la contratación es un medio para lograr la misión estatal, estos productos y servicios se involucran en la calidad de dicha misión, y por lo tanto se deben controlar para efectos de asegurar la transparencia, la selección objetiva, las condiciones técnicas e idóneas de los bienes, servicios y proveedores/contratistas, mediante la gestión eficiente, eficaz y efectiva de los recursos que se tienen para los procesos contractuales. Aunque existen esos controles y múltiples normas que regulan y determinan la forma de contratar, que fijan los fines de la contratación y establecen varias formas de responsabilidad, los procesos contractuales que adelantan las entidades estatales siguen siendo presa de la corrupción, lo que lleva a preguntarse qué otros factores inciden en esta problemática y cuál puede ser su solución.