Gobernabilidad democrática territorial en los servicios públicos domiciliarios. Capacidad y desarrollo institucional en Colombia

El presente artículo es una reflexión fundamentada en la pregunta: ¿Cómo incide la gobernabilidad democrática territorial en la prestación de los servicio públicos domiciliarios en Colombia? Comprender la gobernabilidad democrática territorial en el marco de la actual transformación del aparato estatal, afianzada en al Constitución Política de 1991 y en la actual globalización, como un proceso de planificación, acción y gestión de condiciones físicas. La gobernabilidad democrática con un enfoque territorial yace en el modelo administrativo público, posburocrático, el cual incluye el interés del accionar público hacia los resultados, la calidad, el servicio, el valor, la innovación, el empoderamiento y la flexibilidad, y en el que el territorio se concibe en la materialidad de la acción institucional pública. Metodológicamente, el artículo aborda la revisión conceptual de la gobernabilidad en un contexto democrático, enfocada al territorio y frente a los servicio públicos domiciliarios, a partir de la lectura de la Ley 142 de 1994. Los aportes del presente artículo apuntan a vislumbrar la gobernabilidad democráctica territorial, más que como un proceso de significación de las prácticas sociales, como un hecho que particulariza las condiciones físicas y los atributos del territorio, como los recusos naturales y su ubicación, y el emplazamiento de las unidades estratégicas especiales de servicios. Asimismo, la gobernabilidad democrática territorial en Colombia, en materia de servicios públicos, se debe enfocar como un esquema jurídico de control de oderes públicos (regulación estatal en libre mercado) y privados (cobertura y calidad para los usuarios; y referentes al territorio, es el equilibrio equitativo de cargas y beneficios que demanda la prestación de los servicios públicos, tanto del territorio dominante como de aquel donde se extraen los recursos, por lo general un territorio rural). Por último, la gobernabilidad debe propender por una regulación efectiva, por parte del Estado central, del mercado libre competitivo, que garantice equilibrio entre los agentes públicos y privados.