The regulatory governance of retail electricity tariff setting in South Africa

The rapid increase in South African electricity prices in the past eight years has been overseen by a proactive, policy‐oriented regulator, National Energy Regulator of South Africa (NERSA). Regulatory governance theory proposes that regulation is most effective when the roles of different organizations are clearly defined. While the laws establishing the regulator comply with this requirement, effectiveness of regulation is challenged by a weak ministry, overlapping spheres of regulatory influence and competing goals among the parties involved. It is hypothesized that this impacts the outcomes of the regulatory institution. Using an institutional analysis and development methodology, the interactions between the regulator, the energy ministry, municipal electricity distributors and National Treasury are investigated. Attempts to change the institutional rules have largely been unsuccessful because of the threat they posed to the constitutional and financial interests of municipalities. The regulator, with support from National Treasury, has been largely successful in ensuring compliance by municipalities to its administrative processes and its prescribed tariff escalation rates. It has been less successful at ensuring standardization of business tariffs across electricity distributors. The regulator's tariff objectives have prioritized protection of the poor rather than economic development. The major pro‐poor initiative of the regulator is the inclining block tariff (IBT) which has effectively subsidized electricity consumption of low usage households. This occurred at the expense of municipal revenues, rather than other consumers. El rápido aumento de los precios de la electricidad en Sudáfrica en los últimos ocho años ha sido supervisado por un regulador proactivo con una agenda política, como es el Regulador Nacional de Energía de Sudáfrica (NERSA, por sus siglas en inglés). La teoría de la gobernanza regulatoria propone que la regulación es más efectiva cuando los roles de las diferentes organizaciones están claramente definidos. Si bien las leyes por las que se establece el regulador cumplen con este requisito, la eficacia de la regulación se ve cuestionada por la debilidad del ministerio, la superposición de esferas de influencia regulatoria y la competencia entre los objetivos de las partes involucradas. Se plantea la hipótesis de que esto repercute en los resultados de la institución reguladora. Mediante el uso de una metodología de análisis y desarrollo institucional, se investigan las interacciones entre el regulador, el ministerio de energía, los distribuidores municipales de electricidad y el Tesoro Nacional. Los intentos de cambiar las normas institucionales han sido en gran medida infructuosos debido a la amenaza que representaban para los intereses constitucionales y financieros de los municipios. El regulador, con el apoyo del Tesoro Nacional, ha logrado en gran medida garantizar el cumplimiento por los municipios de sus procesos administrativos y de sus tasas prescritas de tarifas progresivas. Ha tenido menos éxito a la hora de garantizar la normalización de las tarifas comerciales entre los distribuidores de electricidad. Los objetivos del regulador en cuanto a las tarifas han priorizado la protección de la gente pobre en lugar del desarrollo económico. La mayor iniciativa del regulador en favor de la gente pobre es la tarifa por bloques de consumo o bloque inclinado (IBT, por sus siglas en inglés) que, a los efectos, ha subsidiado el consumo de electricidad de los hogares con bajo consumo. Esto ocurrió a expensas de los ingresos municipales y no del resto de los consumidores. 過去8年間での南アフリカ共和国の電気料金の急速な上昇は、積極的な活動を行っている、政策志向の規制当局である国家エネルギー規制庁(National Energy Regulator of South Africa :NERSA)が監視を行ってきた。規制管理の理論は、規制は最も効果を発揮するのは複数の各組織の役割が明確に定義されている場合であると提唱している。規制当局を設立する法律はこの要件に適合しているが、弱い省庁にとっては、規制の影響が及ぶ範囲が重複し、利害関係者の間で競争が起きるため、規制の効果は大きな課題となる。このことは規制制度の成果に影響すると仮定される。制度分析と開発の方法論を用いて、規制当局、エネルギー省、地方の電力配分を行う電力会社、財務省、以上の組織間の相互作用を検討する。これら組織が、制度的および財政的な地方自治体の利益に対する脅威となるために、制度上の規制を変えることは往々にして不成功に終わっている。規制当局は、財務省の支援を受けて、地方自治体に行政プロセスやタリフの規定の上昇率を遵守させることに、ほとんどの場合において成功しているが、電力配分を行う電力会社各社に共通の法人向けの標準価格を設定させることはそれほど成功していない。規制当局のタリフに関する目的は、経済的な発展ではなく、貧困層を守ることを重視している。使用量が少ない家庭に、効果的に電気料金の補助を行うinclining block tariff (IBT)は、規制当局の主なpro‐poor initiative(貧困層に配慮したイニシアチブ)である。この費用は、地方自治体の歳入から当てられており、他の消費者から補填するものではない。