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- Juan S. Mora-Sanguinetti
- Marta Martínez Matute
Abstract
La literatura económica enfatiza el papel del diseño de las instituciones como un factor esencial para explicar la evolución de la productividad, el crecimiento económico y las diferencias que se observan en el comportamiento de las economías [véanse North (1990), Hall y Jones (1999), Scarpetta et al. (2002), Crafts (2006) y Helpman (2008), entre otros muchos]. En particular, se reconoce que la regulación de la actividad económica es necesaria para reducir los costes de transacción, pero se subraya que esa regulación debe estar bien diseñada y adaptada a las condiciones del mercado para que no ocasione costes a los agentes económicos y, en consecuencia, a la economía en general [véanse North (1999) y Helpman (2008)]. El concepto de «instituciones» es, sin embargo, muy amplio. De acuerdo con la clasificación de North (1990 y 1994), por ejemplo, las instituciones pueden clasificarse en tres grupos: las «informales», las «formales» y las de «ejecución». Las instituciones informales se refieren a aquellas reglas no incorporadas en una ley o en otra norma escrita, pero que afectan al comportamiento de los agentes, como pueden ser las prácticas de una industria determinada a la hora de prestar un servicio. Las de carácter formal abarcan la generalidad de la regulación pública, pero también los contratos entre agentes privados. Por último, las instituciones de ejecución se definen como los mecanismos creados para hacer cumplir la regulación y los contratos entre ciudadanos y empresas. En los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo dentro de la profesión económica y jurídica para analizar la regulación formal y construir indicadores que aproximen su medición de forma que se facilite la comparabilidad internacional y la evaluación. Entre ellos destacan los denominados indicadores sobre la regulación del mercado de productos PMR (Product Market Regulation), de la OCDE. El indicador PMR se construye en su mayor parte a partir de las respuestas proporcionadas por los Gobiernos de los Estados miembros de esta institución a un cuestionario detallado de selección múltiple que cubre diversos aspectos regulatorios que afectan a distintos mercados. Para construir el indicador general de regulación del mercado de producto se sigue una metodología ascendente. En primer lugar, se codifican las respuestas a un cuestionario detallado organizado por temas y se normalizan para que varíen en una escala del 0 al 6, correspondiendo el 6 a la regulación más estricta. Esa información se combina a través de medias ponderadas para formar los indicadores horizontales de primer nivel, que a su vez se agregan para obtener las puntuaciones de los indicadores de segundo nivel (control estatal, barreras al emprendimiento y barreras al comercio y a la inversión). Finalmente se hace una media aritmética para obtener la puntuación general PMR5 para cada país. En paralelo al indicador anterior, que pretende medir las restricciones regulatorias horizontales dentro de una economía, la OCDE publica indicadores particularizados de diferentes sectores: las industrias de red (energía, transporte y comunicaciones), los servicios profesionales y el comercio minorista. Este artículo tiene como objetivo analizar estos indicadores para el caso de España con el objetivo de presentar una perspectiva comparada en relación con la regulación formal de otros países.
Suggested Citation
Juan S. Mora-Sanguinetti & Marta Martínez Matute, 2014.
"La regulación en el mercado de productos en España según los indicadores de la OCDE,"
Boletín Económico, Banco de España, issue DEC, pages 45-54, Diciembre.
Handle:
RePEc:bde:joures:y:2014:i:12:n:02
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