La transposición de la Directiva de Servicios a la normativa española del comercio minorista

Con el fin de crear un auténtico mercado interior de servicios, en diciembre de 2006 el Parlamento y el Consejo europeos aprobaron la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios), que tiene por objeto la liberalización de los servicios de mercado en la UE, mediante la reducción de las cargas administrativas y la eliminación de requisitos a la entrada de nuevas empresas. La transposición de la Directiva de Servicios al ordenamiento español está resultando especialmente compleja, dado el elevado número de normas estatales y autonómicas que requieren adecuación. A nivel estatal, se optó por la elaboración de una ley horizontal de transposición («Ley Paraguas»), que recoge los principios generales de la Directiva, y que se complementa con la reforma de la normativa específica de cada sector. Un conjunto importante de esas modificaciones sectoriales se incorporó en la que se conoce como «Ley Ómnibus», mientras que la legislación relativa al comercio minorista se revisó con la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de Ordenación del Comercio Minorista. Dado que la regulación del comercio minorista está transferida a las Comunidades Autónomas (CCAA), esta última Ley solo establece los principios generales que deben aplicarse en las distintas normativas autonómicas que, a su vez, se han debido adaptar a la Directiva. La modificación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista se abordó de forma independiente y separada de la «Ley Ómnibus» por la relevancia del sector y por la complejidad de la distribución competencial en la materia. La rama del comercio minorista es clave para un buen funcionamiento de la economía y un motor de la creación de empleo, como lo demuestra el hecho de que representó en torno al 4,8 % del VAB del total de la economía en 2009 y alrededor del 10 % de todos los ocupados en 2010. Además, es un eslabón fundamental en la formación de precios, al ser los comerciantes los que en última instancia fijan los precios de la mayoría de los productos de consumo. En el caso español, la regulación del comercio minorista se había hecho más estricta en la última década, a lo que había contribuido, en buena medida, la generalización en casi todas las CCAA de la necesidad de solicitar una segunda licencia (autonómica), además de la habitual licencia municipal, para el establecimiento de comercios que tuvieran la consideración de «gran superficie». Por otra parte, la superficie a partir de la cual se fijaba este requisito se había ido generalizando a comercios de dimensión cada vez menor, y había empezado a extenderse a las tiendas de descuento duro. Existe evidencia, además, de que la mayor regulación del comercio al por menor en el pasado ha venido asociada a una mayor inflación y a un menor empleo en el sector. En particular, las barreras a la entrada existentes podrían haber resultado limitativas de la competencia. Es por ello que resulta especialmente importante una adecuada transposición de la Directiva de Servicios a este sector. En este artículo se describen y analizan los cambios regulatorios en este sector. Para ello, en el apartado segundo se presentan las principales modificaciones de la legislación estatal relativa al comercio minorista. En el apartado tercero se repasa la nueva normativa de las CCAA, en particular en relación con la fijación de regímenes de autorización administrativa para las grandes superficies, y se recogen los cambios que en materia de horarios comerciales y de períodos de rebajas se han llevado a cabo en los últimos años. En el apartado cuarto se ilustra el impacto de todos estos cambios a partir de la estimación de un índice sintético que trata de aproximar el grado de regulación del sector para cada comunidad autónoma según la metodología que se utilizó en Matea y Mora (2007 y 2009), que a su vez partía de la que utiliza la OCDE en la elaboración de indicadores estructurales. En el último apartado se resumen algunas conclusiones.