La reforma de la gobernanza económica en la UEM

Las lecciones que se derivan de la crisis que comenzó en agosto de 2007 están impulsando cambios profundos en diversos ámbitos, entre los que destacan las reformas en la regulación y supervisión del sistema financiero, orientadas a restablecer los controles adecuados y a desarrollar políticas macroprudenciales que eviten la acumulación de riesgos sistémicos. Desde una perspectiva más europea, la crisis ha supuesto también un desafío sin precedentes para la arquitectura institucional de la unión monetaria. Ya desde el proceso de su gestación, numerosos economistas habían señalado que una unión monetaria entre países con estructuras económicas tan diversas requería una coordinación reforzada en el resto de los ámbitos de la política económica. Por ello se diseñaron distintos mecanismos e instrumentos para coordinar y supervisar las políticas macroeconómicas, fiscales y de regulación y supervisión financiera que permanecían en manos de los Gobiernos nacionales. Los acontecimientos desencadenados a partir de la crisis fiscal de Grecia en la primavera de 2010 revelaron fragilidades estructurales en los instrumentos de coordinación y supervisión existentes, que permitieron la acumulación de desequilibrios que no se supieron detectar y corregir a tiempo y que terminaron por poner en peligro la estabilidad de la zona del euro. De un lado, las limitaciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para promover la disciplina fiscal. De otro, la insuficiente atención prestada a los desequilibrios macrofinancieros que estaban acumulando algunas economías. A ello se añadió la ausencia de mecanismos formales para solventar crisis como las experimentadas por Grecia e Irlanda, que han requerido asistencia financiera por parte del resto de países del área en conjunción con el FMI. Y todo ello en un contexto de integración comercial y financiera de dimensiones sin precedentes, que ha elevado al máximo la velocidad y la potencia con que las dificultades se propagan de unas economías a otras, haciendo que el riesgo específico de insolvencia de una de ellas pueda transformarse rápidamente en dificultades para el conjunto del área. Para solventar estas lagunas, en la primavera de 2010, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE decidieron establecer un grupo de trabajo, conocido como «Grupo Especial de Van Rompuy», al que se le encargó consensuar propuestas para una reforma de la gobernanza que tuviera como objetivo una coordinación más efectiva de las políticas económicas para incrementar la consistencia entre los países del área y que permitiera detectar con suficiente antelación la gestación de desequilibrios que puedan suponer un riesgo para la estabilidad financiera del área. El Grupo también tenía que analizar la conveniencia y el diseño de un mecanismo permanente para la gestión de crisis en aquellos casos en los que, pese a los mecanismos reforzados de prevención de riesgos, estos terminaran materializándose. El informe final de este Grupo, elaborado a partir de propuestas iniciales de la Comisión Europea, se hizo público el 21 de octubre de 2010 y fue aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE los días 28 y 29 de octubre. En los meses posteriores, se han ido adoptando decisiones que cumplimentan y definen algunos aspectos y detalles de la reforma, aunque este todavía es un proceso abierto y tomará algún tiempo completarlo. En este artículo se revisan de forma crítica los avances realizados hasta el momento en el proceso abierto de reforma de la gobernanza. Tras esta introducción, en el segundo epígrafe se ofrece una visión retrospectiva del diseño de la gobernanza europea desde sus orígenes hasta el momento previo a la crisis. En el tercero, se describen los principales fallos detectados durante el período de turbulencias financieras. En el apartado cuarto se detallan los aspectos que aborda la reforma actual de la gobernanza. En la última sección se presentan algunas conclusiones.