Estado actual de la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional

En el marco de un acuerdo de préstamo alcanzado entre un país con dificultades financieras y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el término «condicionalidad» (conditionality) hace referencia al conjunto de condiciones —formuladas como objetivos cuantitativos y reformas estructurales— incluidas en los programas económicos financiados por este organismo. La adopción y cumplimiento de este protocolo de compromisos ofrece una doble garantía: mientras el país beneficiario de la asistencia financiera asegura la continuidad de los fondos puestos a su disposición por la institución, el FMI verifica que sus recursos financieros —propios o administrados— se destinan a la consecución de los objetivos plasmados en el programa. Como se advierte, el país suscriptor del acuerdo de préstamo con el FMI contrae con este dos clases de obligaciones bien diferenciadas: una obligación financiera de reembolso, con intereses, de los fondos puestos a su disposición, y otra obligación programática de aplicación y cumplimiento de las condiciones incorporadas en el programa apoyado por el FMI. Desde esta segunda perspectiva, la condicionalidad opera, en ausencia de un colateral financiero, como el colateral de compromisos vinculado a la utilización de los recursos del FMI. La condicionalidad del FMI puede ser considerada, por tanto, como el principal canal de transmisión de la doctrina económica que emana de esta institución. En el ámbito político, algunos detractores de la condicionalidad tienden a identificarla con el diseño de los programas y cuestionan su efectividad en términos de éxito o fracaso de dichos programas. En el seno del organismo, persiste el reconocimiento unánime de que el vínculo entre el cumplimiento de condiciones y la concesión de recursos es absolutamente necesario. Esta postura institucional no impide al mismo FMI reconocer que en las dos últimas décadas la expansión de la condicionalidad ha podido limitar la efectividad de los programas e incluso representar, en ocasiones, una cierta injerencia para los países responsables de su ejecución. Dos elementos fundamentan este reconocimiento explícito: la multiplicación de reformas estructurales dentro y fuera de las áreas de especialización del FMI, y la ausencia de mecanismos que garanticen una mayor titularidad nacional (ownership) de los programas. En un sentido amplio, promover la titularidad nacional de un programa supone conferir al país la responsabilidad última en el diseño, aplicación y seguimiento de dicho programa. Obviamente, una concepción tan radical de la titularidad nacional plantea un dilema en relación con la condicionalidad del FMI. Fruto de estas preocupaciones, en marzo de 2000 el FMI emprendió un proceso de revisión de la condicionalidad con la finalidad de racionalizar las condiciones incluidas en los programas apoyados por la institución y, paralelamente, fomentar una mayor participación e identificación de los países perceptores de la ayuda con dichos programas. En septiembre del pasado año, el FMI aprobó unas nuevas directrices sobre esta materia. El nuevo texto deroga las directrices vigentes desde 1979 y da el necesario cierre normativo al mencionado proceso de revisión. Este artículo revisa las aportaciones más recientes sobre la condicionalidad del FMI y examina cuál es su estructura actual. El resto del trabajo se organiza en cinco secciones. La segunda sección aborda el concepto, finalidad y posibles alternativas de la condicionalidad. La tercera sección traza los principales rasgos de la condicionalidad antes de que la institución acometiera su reforma. La cuarta sección analiza uno de los dos elementos centrales de la reciente revisión: el fomento de la titularidad nacional de los programas. La quinta sección describe el estado actual de la condicionalidad, conforme a las nuevas directrices. La última sección recoge las conclusiones.