Política fiscal y estabilidad de precios en la Unión Monetaria

La disciplina fiscal ha sido tradicionalmente considerada como un complemento necesario de una política monetaria dirigida a la estabilidad de precios en la tarea de asegurar el mantenimiento de un crecimiento sostenido sin inflación. Esta necesidad se hace si cabe mayor en el contexto de una unión monetaria, dada la multiplicidad de autoridades fiscales nacionales. La preocupación por alcanzar y mantener la estabilidad macroeconómica en la UEM ha llevado a desarrollar diferentes procedimientos de coordinación fiscal. Inicialmente, se impusieron a los candidatos determinados límites al endeudamiento y al déficit público —dentro de los criterios de convergencia de Maastricht— como requisitos para el ingreso en la UEM. Posteriormente, una vez creada la Unión Monetaria, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento estableció mayores restricciones fiscales a cada uno de los países miembros. En este sentido, el Pacto se ha analizado como un complemento necesario al marco institucional de independencia otorgado al Banco Central Europeo [véase, por ejemplo, Buti, Franco y Ongena (1998)]. La adopción de un compromiso individualizado por parte de cada uno de los gobiernos nacionales por alcanzar y mantener saldos presupuestarios equilibrados garantiza, por un lado, un grado suficiente de disciplina fiscal en el conjunto de la UEM y, por otro, impide comportamientos ventajistas, por parte de los gobiernos de los países que mantengan desequilibrios fiscales confiando en que las políticas más disciplinadas de otros países miembros permitan lograr saldos presupuestarios agregados satisfactorios. Sin embargo, el Pacto de Crecimiento y Estabilidad ha sido criticado en la literatura económica por tratarse de un instrumento que garantiza la disciplina de las finanzas públicas pero al coste de reducir la flexibilidad de las políticas nacionales justo en un momento en el que se ha perdido la política monetaria nacional [véase, por ejemplo, Eichengreen and Wyplosz (1998)]. De acuerdo con estos autores, el Pacto tiene el coste de reducir la capacidad de estabilización macroeconómica de cada gobierno nacional al limitar su autonomía en materia de política fiscal. Es más, este tipo de acuerdo entre los países reducirá su capacidad política para llevar a cabo las reformas estructurales en el mercado de trabajo tan necesarias para un mejor funcionamiento de la unión económica. Aunque reconocen que el Pacto reduce la posibilidad de que el Banco Central Europeo reciba presiones por parte de los gobiernos nacionales para financiar déficit excesivos recurriendo a la generación de inflación, estos autores defienden que el estatuto de independencia del banco central es por sí mismo una condición suficiente para garantizar tanto la disciplina fiscal como la estabilidad de precios. Un punto de vista alternativo que refuerza la necesidad de coordinación fiscal lo constituye la teoría fiscal del nivel de precios. Esta teoría afirma, primero, que la independencia del banco central no garantiza por sí misma la disciplina fiscal; segundo, si la decisión de gastos e ingresos públicos se toma por parte de las autoridades correspondientes sin considerar sus efectos sobre el valor presente de los superávit presupuestarios, la existencia de un banco central independiente no es una condición suficiente para garantizar la estabilidad de precios. En este sentido, la imposición de límites a los desequilibrios fiscales —como los contenidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento— aparece como una condición necesaria para asegurar el mantenimiento de la estabilidad de precios. En la siguiente sección se hace un repaso a los fundamentos teóricos y a las aportaciones de política económica de la teoría fiscal del nivel de precios. En la sección tercera se enfatizan las implicaciones de esta teoría en el contexto de una unión monetaria tanto para el nivel de precios de la unión como para el tipo de cambio. La sección cuarta concluye resumiendo algunas de las críticas realizadas a esta teoría así como sus principales implicaciones para la política económica.