Avances y perspectivas del proceso de descentralización en el Perú

El proceso de descentralización en el Perú fue resultado de una decisión política luego de una década de políticas centralistas en la cual se fueron eliminando una serie de prerrogativas de a las municipalidades, siendo éstas asumidas por el gobierno central el cual fue creando una serie de entidades que se encargaban de brindar este tipo de servicios. A su vez, se fueron creando otras dependencias., muchas de las cuales tomaron la forma de organismos públicos descentralizados, que se encargaron de las políticas sociales estableciendo así un contacto directo con la población y que en algunos casos implicaron el desarrollo de una relación de clientelismo político entre la población y el Estado. Todo esto minimizó el rol de las municipalidades las cuales fueron perdiendo peso en la escena nacional. A nivel regional, luego de la accidentada descentralización de fines de los años ochenta, en 1992 se suspendieron las Regiones que se habían conformado de manera arbitraria en muchos casos y las cuales, en medio de una de la peores crisis económicas que vivió el país no contribuyeron a mejorar la calidad de los servicios públicos y agravaron la crisis económicas debido a las potestades tributarias que se les otorgaron. Ante este caos es que se decide, en abril de 1992, suspender las regiones y establecer los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR) como entes desconcentrados del Ministerio de la Presidencia que se volvió a conformar para tal fin. Los presidentes de los CTARs fueron designados por el gobierno central y se encargaron de la administración de las direcciones regionales de los diversos ministerios y de realizar algunas obras de infraestructura. Ante este panorama, es que durante la campaña electoral del año 2001, el tema de la descentralización volvió a estar en el centro de la discusión política y los principales candidatos de dicha justa electoral prometieron una descentralización efectiva en la cual se fueran transfiriendo mayores responsabilidades e ingresos a los gobiernos subnacionales. Sin embargo, la discusión se centró en la constitución de los gobiernos regionales. Esto generó cierta controversia dado que algunos sostenían que la constitución de gobiernos regionales debería ser una etapa posterior luego de fortalecer a las municipalidades y devolverle las facultades que les habían sido arrebatadas en la década de los noventa. Este debate no tomaba en cuenta que un proceso de descentralización implica tomar en cuenta a los tres niveles de gobierno en cuanto a la asignación de responsabilidades políticas, administrativas y fiscales. No obstante lo anterior, una vez iniciada la administración del presente gobierno se decidió tomar el camino de la regionalización. De hecho, los nuevos actores políticos como son los gobiernos regionales y sus autoridades electas han captado mucha de la atención en las primeras fases del proceso de descentralización peruano. Muchas voces sostuvieron que el proceso era muy apresurado y que debían primero desarrollarse las capacidades suficientes a nivel subnacional para poder transferir las responsabilidades de gasto y de generación de ingresos a ellos. Sin embargo, como en la mayoría de estos procesos, se adoptó la decisión política de seguir adelante y a partir de allí se planteó el reto de darle contenido técnico al proceso político que se avecinaba. Esto plantea una serie de retos a los académicos y policy makers del país porque el proceso implica ver desde distinta perspectiva los hechos y tomar en cuenta a los nuevos actores políticos que han entrado en escena y nuevos problemas a resolver para asegurar que el proceso transite por una senda sin muchas sorpresas y pueda mostrar sus bondades a la población y autoridades. De esta forma el proceso podrá consolidarse en el país y no convertirse en un intento voluntarista más que por falta de mecanismos de participación ciudadana y contenido técnico y un horizonte de largo plazo termine fracasando.