Evaluación global de las redes de seguridad bancaria en los países andinos: ¿es factible adoptar Basilea II?

Diversos son los factores que han venido motivando la integración de países que presentan una identidad socio-cultural común o una realidad económica particular. De ellos, quizás al que mayor énfasis se le ha dado en los últimos tiempos es la necesidad de armonizar políticas macroeconómicas que permitan a las economías regionales ser más sólidas al momento de enfrentar los retos de la globalización. Y es que, en un mercado cada vez más amplio, la necesidad de competitividad pasa por tener un mayor volumen de operaciones y, por ende, un mayor poder de negociación. En el ámbito financiero latinoamericano y concretamente de los países de la comunidad andina (CAN) la historia se viene replicando. Es decir, si bien la conformación de los mercados financieros, su grado de penetración, sus productos y los riesgos inherentes a ellos son comunes, el resultado respecto a shocks comunes ha tenido impactos significativamente distintos entre los países andinos. Por ejemplo, ante la Crisis asiática y el Fenómeno del Niño (shocks comunes a toda la región de América Latina), el costo fiscal en Ecuador representó el 24% del producto bruto interno, mientras que en Colombia este fue de 6%, y en Perú tan solo de 0.9%. En este contexto, la presente investigación analiza la viabilidad de la convergencia regulatoria, hacia un estándar como el propuesto por Basilea II, en los sistemas financieros de los países de la región andina. Siguiendo las ideas discutidas en la Cuarta Asamblea de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), se distingue entre dos diferentes clasificaciones de convergencia: entre la regulatoria e institucional; y entre la interna e internacional. Un punto clave que se toma por dado a lo largo del documento es que el objetivo planteado es el de maximizar la calidad de la supervisión y regulación financiera en los países andinos, de manera que la conveniencia de la convergencia regulatoria se derive endógenamente a partir dicha maximización. En ese sentido, se considera que partir a priori de la convergencia regulatoria como un hecho favorable para la supervisión y regulación financiera de cada país –o describir el proceso en que esta debería implementarse asumiendo que fuera favorable sin analizar su conveniencia previamente– brindaría resultados sesgados. Este estudio se desarrolló como resultado del IV Concurso Anual de Investigación CIES 2002 con el auspicio de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés).