Economía y Sociedad: Aportes para el Gobierno Peruano 2011-2016

La presente edición de Economía y Sociedad resume quince documentos de política sobre temas centrales para el nuevo gobierno peruano 2011 – 2016. El lector interesado puede descargar los textos completos en www.elecciones2011.cies.org.pe. Los quince estudios han sido elaborados en el marco del proyecto “Elecciones Perú 2011: Centrando el Debate Electoral”, una iniciativa del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), en alianza con el Jurado Nacional de Elecciones, el Acuerdo Nacional, Ciudadanos al Día, el Consejo de la Prensa Peruana, el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, IDEA Internacional, Transparencia y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, con el apoyo de más de quince instituciones de la cooperación internacional. Cada texto presenta un diagnóstico, opciones de política y propuestas para su implementación. El proyecto Elecciones Perú 2011 ha enfatizado la incidencia de estos documentos desarrollando una estrategia de diseminación en tres niveles: con las comisiones de plan de gobierno de los principales partidos (más de veinte reuniones técnicas); con la opinión pública, para promover el voto informado y el debate programático (a través de una campaña de difusión masiva en medios y siete foros regionales); y una fase final de presentación al nuevo gobierno y congreso que resulten elegidos. En el primer artículo sobre Gestión Pública de María Inés Celle, Néride Sotomarino y Mayen Ugarte (Governa Estudios), las autoras proponen una modernización de los instrumentos y sistemas de gestión administrativa relacionados con el ciclo de gasto para mejorar la eficiencia y la efectividad del gasto público. Esta propuesta tiene un enfoque centrado en la atención del ciudadano y en la generación de un Estado más democrático. Su implementación requeriría de respaldo político y liderazgo del Presidente de la República. Aldo Panfichi y Mariana Alvarado (PUCP) proponen, en el segundo artículo, sobre Corrupción y Gobernabilidad, una política basada en tres ejes: i) el fortalecimiento del Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ministerio Público y la Contraloría General; ii) su mejor coordinación bajo el liderazgo de la Contraloría General, iii) el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas desde la sociedad civil. El tercer trabajo sobre Seguridad y Narcotráfico, elaborado por Juan Arroyo (UPCH), sostiene que Perú está a punto de convertirse en el primer productor de hojas de coca en la región, en el procesador más eficiente de cocaína y en el que tiene menos incautaciones de insumos químicos. El autor propone sistematizar los cuatro principales problemas que enfrentan los hacedores de políticas para hacer frente a este complejo problema: (i) multiplicidad de enfoques del problema; (ii) débil percepción nacional del problema; (iii) gestión desactualizada de la política pública anti-drogas; y (iv) los recursos asignados al manejo del problema. El cuarto estudio, a cargo de Luis Alberto Arias (Inde Consultores), analiza el sistema tributario peruano y propone una reforma con énfasis en el incremento de la recaudación de los impuestos directos, en la reducción de algunas tasas impositivas, en la ampliación de la base tributaria y en 6 Economía y Sociedad 77, CIES, marzo 2011 reformas institucionales que fortalezcan a las administraciones tributarias. El objetivo de la reforma es el incremento de la recaudación de impuestos permanentes en un monto equivalente a 2-3% PBI; y que los recursos adicionales sean utilizados en programas de presupuestos por resultados en educación, salud e infraestructura. Waldo Mendoza (PUCP) analiza, en el quinto artículo, la política impositiva aplicable al sector de minería e hidrocarburos (SMH), dada su naturaleza particular, y el esquema tributario vigente en el Perú, en comparación con otras partes del mundo. El documento sugiere interrumpir la firma de nuevos convenios de estabilidad tributaria, crear un impuesto específico que grave a las empresas del SMH como un porcentaje de la renta imponible, y reforzar la aplicación de regalías. El sexto documento sobre Desarrollo Regional, de Gonzalo Neyra (UCSM-CICA), examina los desequilibrios regionales que no pueden resolverse únicamente por los mecanismos de mercado, señalando la necesidad de fortalecer la acción pública. La propuesta sugiere el establecimiento de un fondo de nivelación regional, en el marco de un Pacto de Cohesión Territorial. El autor señala además que la política regional debe incluir una estrategia nacional de movilización de los potenciales regionales infrautilizados. Richard Webb, Nelson Torres, Miguel Santillana y Giovanni Bonfiglio (Instituto del Perú-USMP) proponen políticas de desarrollo rural que refuercen el incipiente proceso de desarrollo en las áreas rurales: la gradual urbanización, la expansión de los caminos, telecomunicaciones y electrificación, el aumento sustancial en el gasto público, sobre todo en programas de mejoras tecnológicas y empresariales dirigidos a los pequeños agricultores. Manuel Pulgar-Vidal (SPDA- Instituto del Perú - USMP) realiza en el octavo documento un análisis de los recursos naturales e industrias extractivas. Señala que el 50% de los conflictos en el Perú tienen una raíz socio-ambiental. La mayoría de ellos se vincula al acceso a la tierra, a los derechos sobre los cuerpos de agua y la distribución de beneficios por el aprovechamiento de los recursos naturales. El autor plantea enfrentar las raíces jurídicas y económicas del problema, proponiendo medidas para el diálogo y la paz social. En el noveno trabajo sobre Gestión de Conflictos Socio-ambientales, Giselle Huamaní y Sandro Macassi proponen desarrollar procesos que involucren a la sociedad civil y a las instituciones de gobierno para la transformación de los conflictos. Busca también desarrollar mecanismos y procesos participativos, integrando los roles de los actores en un sistema de gestión de conflictos que refleje los principios de inclusión, transparencia e imparcialidad. El décimo artículo a cargo de Norma Correa (PUCP) plantea fortalecer la interculturalidad en la acción estatal a partir de cuatro ejes de intervención: i) institucionalidad; ii) provisión de servicios a las poblaciones indígenas y afro peruanas; iii) fiscalización para mejorar la capacidad de interlocución con dichos pueblos; iv) acción afirmativa del Estado que eduque a la población sobre la importancia de la diversidad cultural y que genere oportunidades focalizadas para jóvenes indígenas y afro peruanos. Ignacio Cancino, Armando Mendoza y Julio C. Postigo (CEPES) muestran evidencia de la vulnerabilidad de nuestro país frente al cambio climático. Los autores proponen una política pública que tiene como objetivo contar con información confiable sobre el cambio climático y su impacto en el país, contar con fuentes de energía resistentes a la variabilidad hidroclimática, reducir la vulnerabilidad de la población e incrementar las fortalezas del aparato productivo. Carlos E. Aramburú y María Ana Rodríguez (PUCP) en el artículo sobre Políticas Sociales y Pobreza, muestran que la pobreza disminuye, pero la desigualdad cambia de manera poco significativa en Economía y Sociedad 77, CIES, marzo 2011 7 el período 2004-2009. Los autores proponen una distribución del gasto social con énfasis en la inversión de capital humano. Asimismo, establecen metas de reducción de la pobreza basadas en los “Programas Presupuestales Estratégicos”, referidos a servicios públicos básicos que el Estado debe ofrecer. En el decimotercer artículo sobre Educación, Inés Kudó y David Vera Tudela (Banco Mundial) realizan un balance de los avances realizados en la dirección trazada por el Proyecto Educativo Nacional. Destacan la necesidad de impulsar programas estratégicos nacionales, promover incentivos al desempeño en el marco de la carrera pública magisterial y el enfoque en resultados, así como promover un sistema integrado de información. Juan José Diaz y Juana Kuramoto (Grade) señalan que el Perú se encuentra muy por debajo de países con ingresos similares en lo que respecta a los indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). El documento identifica problemas clave relacionados con la reducida productividad de los factores, la débil vinculación entre los actores, la escasa capacidad para gestionar el conocimiento en las instituciones del Estado y falta de la valoración de la CTI entre los políticos, funcionarios públicos, empresas y público en general. A partir de esta identificación, los autores desarrollan diversas alternativas de política. Cerrando la presente edición de Economía y Sociedad, Jennie Dador Tozzini (MESAGEN) analiza la Violencia de Género. La autora plantea propuestas de política pública en tres áreas clave: (i) diseño institucional; (ii) acceso a la justicia, (iii) prevención y atención. Señala que la multidimensionalidad de esta problemática demanda de la intervención de distintos sectores y poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial, Organismos Autónomos), así como de los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local), por lo que se recomienda la creación de un sistema de lucha contra la violencia de género. Queremos agradecer a las instituciones aliadas y auspiciadoras que figuran en la contracarátula de esta revista, las mismas que han hecho posible la ejecución de este Proyecto. Asimismo deseamos reconocer la contribución de la red de asociados del CIES; y en particular de aquellas que han aportado a sus investigadores para materializar las propuestas de política aquí resumidas. Por último, debemos dejar constancia de nuestra gratitud con los autores por su dedicación y esfuerzo en producir documentos de política.