Economía y Sociedad: Descentralización

Mientras en 1940 Lima albergaba a 645 mil personas y representaba el 10% de la población peruana, en el año 2006 la capital se ha convertido en una metrópoli donde viven 8,2 millones de habitantes. Hoy, Lima representa el 29% de la población total, el 46% del producto bruto interno, el 84% de los depósitos bancarios y el 89% de la recaudación tributaria. El centralismo tiene, entre otras, una dimensión económica y una político-administrativa, dimensiones que se refuerzan entre sí y tienden a agudizar las disparidades en los niveles de vida en nuestro país. En el año 2002, el gobierno del presidente Toledo inició un proceso de descentralización con la dación de un ambicioso marco legal para la elección y funcionamiento de los gobiernos regionales, los que se instalaron a principios de 2003. La iniciativa ha sido retomada por la actual administración del presidente García, quien en octubre de 2006 anunció un shock descentralizador de veinte medidas que incidían, principalmente, en la transferencia de competencias y recursos de los ministerios a los gobiernos regionales, por un monto mayor a los 3.500 millones de soles. La presente edición de Economía y Sociedad busca aportar al debate sobre el actual proceso de descentralización con cinco contribuciones. Las dos primeras intentan realizar un balance del proceso desde diferentes perspectivas. En el primer artículo, Carlos Monge (Grupo Propuesta Ciudadana) sostiene que el gobierno de Toledo dejó el proceso en marcha y alguna normatividad básica, pero que el Gobierno actual todavía no habría implementado medidas contundentes que afiancen el proceso, a pesar del anuncio del shock descentralizador. Según el autor, se debería iniciar una descentralización fiscal y acelerar la transferencia de competencias a los gobiernos subnacionales. Por su parte, Rodolfo Raza, ex presidente del Consejo Nacional de Descentralización, presenta una visión positiva de la labor del gobierno de García en este campo y subraya la voluntad política de profundizar el proceso, manifiesta en el anuncio del shock descentralizador. Además, resalta la importancia de la definición de la reforma del marco normativo y de la ley general del empleo público; y enfatiza la necesidad de la integración territorial, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y el incremento de la participación ciudadana: El tercer artículo resume un estudio realizado por Pedro Herrera y Pedro Francke (PUCP), que analiza la eficiencia del gasto de los municipios peruanos mediante un indicador de desempeño municipal. El trabajo encuentra que las municipalidades provinciales podrían brindar la misma provisión de bienes y servicios locales con la mitad de los recursos usados; mientras que en el caso de los municipios distritales, lo podrían hacer con aproximadamente la tercera parte de su presupuesto. La siguiente contribución, a cargo de Alberto Gonzáles y Marco Shiva (Macroconsult), examina cómo percibe la población los beneficios de la descentralización. Para tal efecto, los investigadores estiman, sobre la base de las Encuestas Nacionales de Hogares, un índice que permite cuantificar la percepción de los individuos en cuatro temas: participación en la toma de decisiones, mejora en los servicios, mayor atención a las demandas ciudadanas y casos de injusticia por parte de las autoridades locales. Los resultados muestran que la percepción de los beneficios es, en general, bastante reducida; así como que cuanto menor es el nivel educativo y de ingreso, la percepción tiende a ser más negativa. Finalmente, Miguel Jaramillo (GRADE) analiza los determinantes de la localización de los docentes para los casos de Loreto y Lambayeque. El autor encuentra que la gran mayoría de los docentes son originarios de la misma región y existe poca movilidad a lo largo de su carrera. Frente a este hecho, sería mejor reforzar las capacidades de formación de los nuevos docentes en el nivel regional, antes que incentivar el desplazamiento de los docentes más preparados hacia lugares de menor desarrollo relativo. Los seis trabajos siguientes se refieren a otros temas. Gustavo Yamada y María Cárdenas (CIUP) estiman los retornos a la educación superior. Entre otros hallazgos, los autores encuentran que la ingeniería civil es la profesión mejor remunerada, con un sueldo que supera en 81% al promedio de la remuneración de los profesionales. Además, señalan que los jóvenes que cursan carreras técnicas en institutos tecnológicos no recibirían una mayor retribución en el mercado laboral. Carlos E. Aramburú y María Bustinza (PUCP-CIES) discuten los efectos de la explosión demográfica del siglo XX en el empleo y los patrones de reproducción. Los autores presentan la información básica y realizan varias recomendaciones de política vinculadas a la salud reproductiva y a políticas laborales que busquen acortar las diferencias salariales entre hombres y mujeres, las que subsisten aun controlando por sector ocupacional y nivel educativo. El artículo de Manglio Aguilar (UNA) analiza la demanda de crédito de las micro y pequeñas empresas en Puno. Luego de un diagnóstico breve, el autor recomienda que el crédito debería priorizar los sectores productivos con mayor valor agregado, especialmente el agro. Asimismo, recomienda promover la participación de los jóvenes en la implementación de las micro y pequeñas empresas. Gonzalo Neyra (UCSM) examina la estructura económica y territorial de la macrorregión del Sur. El estudio identifica cinco espacios o corredores económicos, según su especialización relativa: Arequipa en comercio y servicios, Cusco-Apurímac en turismo, Puno en actividades agropecuarias, Madre de Dios en minería aurífera y Moquegua-Tacna en minería cuprífera y pesca. Además, el autor destaca la importancia de Arequipa, que representa más de un tercio del valor agregado de la macrorregión. El trabajo de Hamner Burton (CIUP) atribuye al tema de la inversión socialmente responsable la característica de elemento clave de la responsabilidad social corporativa. En esta línea, introduce un modelo de responsabilidad social corporativa basado en los criterios utilizados por los fondos de inversión socialmente responsable y los estándares propios de la excelencia organizacional. Además, propone una estrategia para promover su uso en el Perú, con énfasis en el caso del sistema nacional de pensiones. En el artículo de cierre, Gina Alvarado (CIES) identifica las lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto Elecciones Perú 2006, el cual buscó elevar el nivel del debate electoral y promover la incidencia del conocimiento en la política pública. Entre las lecciones aprendidas, la autora señala que el contexto preelectoral es una ventana de oportunidad para posicionar temas en agendas de debate, así como para fortalecer la imagen y posicionamiento de una institución. Antes de terminar, deseamos expresar un reconocimiento a Carlos Eduardo Aramburú, quien decidió apartarse de la Dirección Ejecutiva del CIES. Durante sus ocho años en el cargo, el Consorcio se robusteció como institución y logró avances significativos en el desarrollo de las capacidades de investigación y su incidencia en las políticas públicas.