Economía y Sociedad: Aportes al debate electoral 2006, opciones de política

A pocos días de la primera vuelta electoral, reina la incertidumbre y hasta el temor en el Perú. En esta recta final de la carrera, los tres candidatos líderes buscan pasar a la segunda vuelta, apelando al dardo contra el rival y a las emociones del votante. En general, ha habido hasta ahora poca discusión de los planes de gobierno. Además, los principales candidatos han mostrado visiones extremadamente divergentes del Perú. Así, los riesgos asociados a la polarización política y a la debilidad del consenso social están a la orden del día. Frente a esta situación, resulta necesario contribuir al debate programático y a la construcción del consenso. La presente edición de Economía y Sociedad resume diez documentos de política sobre temas centrales para el gobierno 2006 – 2011. El lector interesado puede descargar los textos completos en www.consorio.org Los diez estudios han sido elaborados en el marco del proyecto Elecciones Perú 2006: fortaleciendo el debate nacional, que es una iniciativa del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), en alianza con otras instituciones, para elevar el nivel del debate electoral y contribuir al diseño de políticas para el nuevo gobierno peruano. Cada texto examina las opciones de política, los costos y beneficios de las distintas alternativas, los obstáculos para su implementación y la estrategia para superar estas barreras, especificando una hoja de ruta a 100 días, un año y cinco años. El proyecto Elecciones Perú 2006 ha enfatizado la incidencia de estos documentos en las políticas públicas desarrollando una secuencia de tres tipos de actividad: reuniones con los equipos de plan de gobierno de los principales partidos políticos; seminarios descentralizados en seis regiones del Perú; y campañas de diseminación en los medios de prensa. En el primer artículo, Mercedes Araoz (CIUP), examina la competitividad de nuestra economía. Subraya que el Perú solo alcanza el puesto 77, entre 117 países, en el índice de competitividad global del World Economic Forum (WEF). La autora propone políticas para desarrollar la competitividad en tres áreas: remoción de las barreras institucionales, desarrollo de los mercados y por último innovación y articulación empresarial. Entre otras sugerencias se plantea promover las cadenas productivas y emprender un programa de ciencia, tecnología e innovación articulando tanto al sector empresarial como a las redes mundiales de conocimiento. Julio Gamero (Desco) propone, en el segundo artículo, políticas de empleo orientadas a la gradual superación de tres problemas clave: la baja productividad del trabajo; la débil capacidad del crecimiento económico para generar puestos de trabajo; y la limitada efectividad de los regímenes especiales para la formalización del empleo. El autor plantea, entre otras medidas, lanzar un plan de articulación entre la oferta exportable y los proveedores locales en cinco cadenas productivas: confecciones, metal-mecánica, calzado, lácteos y granos andinos. El tercer trabajo, elaborado por Enrique Vásquez (CIUP), analiza los programas sociales de lucha contra la pobreza, en los cuatro principales sectores: nutrición, salud, educación e infraestructura. Detecta problemas graves de filtraciones y subcobertura. Entre otras recomendaciones, propone mejorar la focalización; otorgar los programas en concesión; aumentar la transparencia en la selección de beneficiarios y en la asignación del gasto; y establecer un sistema de monitoreo y evaluación independiente. El cuarto estudio, a cargo de Martín Benavides (GRADE) y José Rodríguez (PUCP) propone políticas de educación en cuatro temas centrales: equidad; capacitación e incentivos al docente; metas de aprendizaje; e infraestructura. Una recomendación del texto es la creación de un nuevo sistema de remuneraciones basado en el esfuerzo y la productividad, así como mecanismos de capacitación de los maestros. Pedro Francke, Juan Arroyo y Alfredo Guzmán (ForoSalud) analizan en el quinto artículo la situación de la salud y proponen políticas en cuatro áreas: promoción de la salud; aseguramiento universal; recursos humanos; y participación ciudadana. Se privilegia la prevención antes que la curación, que resulta ineficiente y costosa. En cuanto al aseguramiento universal, el documento propone constituir un fondo único de salud con el aporte del tesoro público y de los asegurados menos pobres para financiar un paquete básico de prestaciones. El sexto documento, de Roberto Urrunaga y José Bonifaz (CIUP), propone políticas de regulación y concesiones en tres campos fundamentales: marco regulatorio; tarifas; y participación privada en el desarrollo de infraestructura. En esta última materia, el estudio plantea, entre otras cosas, reforzar las asociaciones público privadas para enfrentar el gran déficit de infraestructura. Asimismo propone facilitar el acceso de diversos operadores para promover la competencia; y establecer en los contratos de concesión estándares de servicio y metas de cobertura. El sétimo artículo, a cargo de Fernando Villarán (Sase), propone políticas de reforma del Estado asociadas a la descentralización y la democracia participativa; el Congreso; la modernización de la administración pública; y el planeamiento estratégico. Por ejemplo, con respecto al Congreso, se plantea restituir el Senado e introducir la iniciativa legislativa por bancada, la revocatoria de congresistas y la renovación por tercios. Con relación a la administración pública, el autor propone reforzar los principios de responsabilidad, subsidiariedad, transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, introducir la gestión basada en resultados y la carrera pública basada en méritos. Claudia Mendieta y Víctor Ágreda ofrecen en el octavo documento una visión del desarrollo rural basada en un enfoque territorial, que parte de la heterogeneidad del ámbito rural, las oportunidades de generación de ingresos y la necesidad de estrategias diferenciadas. El enfoque privilegia la equidad, y apuesta por un crecimiento endógeno, basado en el desarrollo de las capacidades y los activos de los hogares, así como en el desarrollo de los mercados, la infraestructura y la institucionalidad pública. En el noveno trabajo, el Comité Operativo del Grupo Propuesta Ciudadana realiza un balance del proceso de descentralización iniciado en 2001 y propone una agenda para relanzarlo que contempla los siguientes aspectos: la conducción del proceso, la participación ciudadana, el desempeño de los gobiernos regionales y locales, los aspectos fiscales, las transferencias de funciones y la integración regional. Los autores proponen —entre otras— medidas para potenciar la participación ciudadana, fortalecer las capacidades de las instancias regionales y locales, y avanzar en la descentralización fiscal. El décimo artículo a cargo de Jennie Dador (CIES) propone políticas de equidad de género en cinco temas centrales: participación política; violencia de género; empleo; salud y educación. Por ejemplo en el campo de la violencia de género, la autora enfatiza las políticas de prevención; la modificación de los patrones de subvaloración de la mujer y una reforma judicial orientada a que se sancione efectivamente los crímenes contra las mujeres. Queremos agradecer a Gina Alvarado por su eficiente coordinación global del proyecto Perú 2006 y a Miguel Angel Lerzundi por contribuir en la edición de esta revista. Asimismo a las instituciones aliadas del CIES en esta iniciativa: Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Acuerdo Nacional, Grupo Propuesta Ciudadana, Asociación Civil Transparencia e Instituto de Defensa Legal (IDL). También debemos reconocer el aporte de los auspiciadores que han hecho posible la ejecución del Proyecto: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés), Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Mesa de Género de la Cooperación Internacional (MESAGEN).