Economía y Sociedad: Microcrédito

Durante los últimos años, la economía peruana se ha fortalecido. La actividad económica viene creciendo a tasas moderadamente elevadas por tres años consecutivos y la inflación ha bajado a niveles internacionales. La balanza comercial es superavitaria desde el año 2002 y, a partir del año 2003, el país experimenta nuevamente un superávit primario en las cuentas fiscales. Las reservas internacionales del Banco Central sobrepasan, hoy en día, los US$ 11.000 millones. A pesar de este escenario de estabilidad, subsisten algunos retos como, por ejemplo, la baja tasa de inversión, la ineficiencia del gasto público, la dolarización del sistema financiero y la aún poca integración con la economía mundial. En concreto, queda cada vez más claro que la dolarización impone una serie de restricciones al manejo de la política monetaria y que la regulación del sistema financiero debe converger hacia nuevos estándares internacionales, que permitan un mayor blindaje de la economía peruana frente a contingencias externas. En la misma perspectiva, un buen manejo de las actuales negociaciones comerciales internacionales contribuiría con el desarrollo de la economía peruana en el largo plazo, mientras que en el terreno local conviene examinar los fundamentos de la descentralización fiscal, entre otras cosas, para prevenir eventuales riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas. La presente edición de Economía y Sociedad busca aportar a esta reflexión, incluyendo cuatro artículos que abordan los aspectos antes mencionados. Todos ellos son resúmenes de estudios realizados en el marco de los concursos convocados por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). Los lectores interesados pueden consultar las versiones completas y más detalladas de los trabajos, en la página web del CIES. Alan Fairlie, Gabriela Cuadra y David Florián (PUCP) llevan a cabo la primera investigación. Los autores abordan el debate sobre cuál debe ser el rumbo que debe seguir la política comercial peruana y cuantifican los efectos de posibles escenarios de integración en los distintos sectores productivos del país, así como en el bienestar de los diversos agentes económicos. Tanto en términos agregados como sectoriales, los autores encuentran que los acuerdos multilaterales generarían mayores beneficios que los bilaterales. En tal escenario, los resultados sugieren la necesidad de una estrategia de inserción internacional y de negociaciones comerciales integrales. El segundo documento, a cargo de Eduardo Morón y Juan Francisco Castro (CIUP), evalúa distintas medidas para combatir el fenómeno de la dolarización, toda vez que esta complica el diseño de la política económica. Los resultados permiten inferir que una reducción de la cobertura del seguro de depósitos en dólares, no se traduciría en una disminución de la dolarización, ya que se propiciaría una transferencia de recursos hacia el exterior. En cambio, los autores concluyen que el esfuerzo por desdolarizar debe pasar por una reducción de la volatilidad relativa de la inflación respecto de aquella de la devaluación real. El tercer artículo, elaborado por Martín Naranjo, Oscar Basso y Emilio Osambela (CIUP), examina la viabilidad de la convergencia regulatoria en los sistemas financieros de los países de la región andina, hacia un estándar como el propuesto por Basilea II. Este acuerdo busca fortalecer la solidez y estabilidad del sistema bancario internacional, a través del incremento de los requerimientos de capital de los bancos. Los resultados del estudio sugieren que los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) tienen más dificultades que los países desarrollados para cumplir con las condiciones necesarias para una convergencia eficiente hacia Basilea II, por lo que su aplicabilidad no será posible en el corto plazo. En particular, se concluye que los países en cuestión deben alcanzar una convergencia interna antes de llegar a una convergencia internacional. En el cuarto texto, Luis Carranza y David Tuesta analizan el proceso de descentralización en el Perú, centrándose en el aspecto fiscal. Los autores evalúan los ingresos y las transferencias intergubernamentales, la asignación de responsabilidades de gasto y los lineamientos del endeudamiento subnacional. Concluyen que el impuesto a la renta (IR), el IGV y los impuestos específicos, sobre materias primas principalmente, no deberían ser trasladados a los gobiernos regionales. En cambio, sí se podría establecer un impuesto regional a las planillas y a los trabajadores independientes. Las cuatro contribuciones siguientes constituyen trabajos sobre temas específicos. El estudio de Carlos E. Aramburú (CIES) busca analizar la relación entre el Estado y el ciudadano, a través de la aproximación de la interacción entre los distintos actores sociales en Lima y Huancayo. Los elementos analizados permiten concluir la existencia de una ciudadanía de baja calidad, signada por la desconfianza y la exclusión, y que contempla al Estado como uno tradicional, asistencialista y populista. En el sexto trabajo, Miguel Jaramillo y Sandro Parodi (Instituto Apoyo) evalúan la efectividad del Seguro Escolar Gratuito (SEG) y del Seguro Materno Infantil (SMI) para alcanzar a los segmentos más pobres de la población e impactar sobre la equidad en el acceso a los servicios de salud. Aunque ambos seguros tuvieron un impacto positivo sobre dicho acceso, los resultados sugieren que no contribuyeron a reducir la desigualdad y que sus niveles de filtración son elevados. En un contexto en el que el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la integración con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) proponen un libre comercio en todos los sectores, el artículo de Pierre-Olivier Pineau (Universidad de Victoria) analiza los cambios y reformas que, en un futuro cercano, deberían considerarse en el sector eléctrico peruano. De acuerdo con el autor, la integración regional y las negociaciones comerciales actuales ejercerán una importante presión sobre el Gobierno peruano, para cambiar la regulación del sector eléctrico por un modelo de mayor competencia. El documento de Jorge Recharte, Adriana Delgado e Inés Olivera (The Mountain Institute) analiza las relaciones entre las empresas mineras y las comunidades en el Perú, e identifica recomendaciones para fortalecer el papel rector, promotor y fiscalizador del Estado, así como mecanismos de interacción con los actores sociales involucrados en la actividad minera. Los resultados concluyen que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) debe redefinir su responsabilidad hacia los intereses públicos locales, a través de una voluntad política de cambio, identificando las metas específicas que se busca lograr en el sector.