Economía y Sociedad: Agricultura, Sector Rural

Durante la década de los noventa, el agro peruano creció a una tasa anual de 4,1%. Aunque la cifra no es despreciable, sí fue insuficiente para revertir el gran atraso del campo. En efecto, en el año 2000, el agro absorbe 32% del empleo, pero sólo contribuye con un 9% del producto. En otras palabras, la productividad del trabajo en este sector es aproximadamente tres cuartas partes menor que en el promedio de la economía peruana, en sí misma subdesarrollada. Así, no extraña que la incidencia de la pobreza sea 65% en el área rural, casi el doble que el 36% de Lima (ENNIV 1997). Aun el quintil más rico de la población rural, con un ingreso per cápita del orden de US$ 95 al mes, está más cerca de la pobreza que de la prosperidad. Dadas estas condiciones, el desarrollo agrario supone un enorme reto, y esta edición de Eco-nomía y Sociedad busca contribuir al diseño de estrategias y políticas para enfrentarlo, re-uniendo seis artículos vinculados al estudio del sector y a la propuesta de recomendaciones, tanto para el Estado como para los agricultores y las instituciones financieras. Asimismo, la revista incluye el documento base del último taller de coyuntura económica del Consorcio. A continuación, se reseña algunas de las principales contribuciones de los artículos. Los programas sociales de apoyo alimentario están obligados a priorizar, dentro de sus com-pras, a la producción nacional y, en particular, a los pequeños agricultores. El trabajo de Rebosio y Rodríguez (CEDEP) evalúa el impacto de las compras de alimentos del Pronaa sobre los ingresos campesinos. El estudio realizado en Ica y Ayacucho revela que los agricultores obtu-vieron un ingreso entre 20% y 30% mayor, por haber vendido parte de su producción al Pronaa. Sin embargo, el mayor costo de abastecimiento se traduce en un menor número o inferior calidad de las raciones de alimentos repartidas. Además, existen filtraciones en las compras hacia agricultores no pobres, por lo que el mecanismo del diferencial de precios no es eficiente para aliviar la pobreza campesina. Los autores encuentran, adicionalmente, otras dificultades en estos programas, y proponen alternativas para lograr mayor eficiencia en su ejecución y en el logro de sus objetivos. Uno de los principales ircuellos de botellals que enfrentan los agricultores es el tema del financiamiento. En su investigación, Trivelli (IEP) enfatiza el lado de la demanda, enfocándose en el auto racionamiento del crédito. Busca identificar las razones que explican la existencia de un conjunto significativo de pequeños agricultores que, a pesar de desear un crédito del sector formal y considerar que tiene acceso al mismo, se abstiene voluntariamente de solicitar-lo. Analiza el papel de los costos de transacción, las asimetrías de información y otros factores, y propone acciones que pueden ser implementadas por el sector público y los intermediarios formales con miras a hacer efectiva esta demanda. Desde 1993 hasta 1997, la autoridad habitual (Sunarp) y un proyecto ad hoc (PETT) entrega-ron unos 250 mil títulos registrados de predios rurales, elevando la proporción de unidades registradas de 17 a 21% entre ambos años. El artículo de Fort y Aldana (GRADE) analiza los efectos de la titulación y registro de las propiedades rurales en el nivel de capitalización del sector agrícola. Identifica dos beneficios principales: la seguridad de tenencia, que favorecería la inversión; y el mayor acceso al crédito, en tanto se puede entregar la tierra como colateral. Sin embargo, pese al gran esfuerzo y gasto que ha implicado esta política de titulación y regis-tro por parte del Estado, hasta la fecha no se cuenta con un análisis empírico que respalde dichas medidas y que explique los beneficios concretos que se espera obtener de ellas. Tales son los objetivos de su investigación. El documento de Edgardo Cruzado (CIPCA) estudia las características y la eficiencia del sistema de riego y de las organizaciones de usuarios en la cuenca hidrográfica del Chira-Piura. En primer lugar, evalúa el manejo del agua de riego, demostrando que existe desperdicio. En segundo término, analiza los aspectos económicos y operativos del sistema para diseñar mejoras en los mecanismos de recaudación y en los procesos administrativos que permitan asegurar la ‘sostenibilidad™. Finalmente, se analiza la institucionalidad, representatividad y organización del sistema, con el fin de establecer las distancias que existen entre los usuarios y los órganos centrales de administración y distribución del agua de riego. Las conclusiones apuntan a pro-blemas significativos en los tres niveles, en parte, por la inadecuada acción del Estado. La metáfora del mendigo sentado sobre el banco de oro ha sido usada con frecuencia para aludir al sector forestal en nuestro país. El artículo de Tarazona (CIUP) revisa la experiencia de Chile, país cuyas exportaciones de productos forestales pasaron de cuarenta a dos mil millo-nes de dólares entre 1973 y 2000. Uno de los principales instrumentos para generar este boom fue un subsidio de 75% y más tarde de 90% del costo de plantación. El gobierno chileno ha gastado, por este concepto, unos US$ 150 millones entre 1974 y 1994, año en que vencieron los beneficios. Tal monto resulta mínimo frente a la magnitud de las exporta-ciones forestales logradas. El texto de Figueroa examina las principales características y el potencial de la especie forestal llamada auca atadijo. La especie ofrece una madera blanca, sin nudos, relativamente dura al estado seco, de buena durabilidad, y permite un fácil aprovechamiento por ser de densidad media. Estas y otras características permitirían su rápida introducción en los mercados interna-cionales; en particular, en Japón. Finalmente, esta revista reproduce un informe sobre el comportamiento de la economía pe-ruana, preparado por Dancourt y Jiménez (PUCP), así como una síntesis del debate en el correspondiente taller de coyuntura del Consorcio, realizado en junio del presente año. Según los autores, la recesión de la economía urbana y la caída de las reservas internacionales conti-núa desde fines de 1998, pero durante el año 2000 se produjo una inrecesión dentro de la recesiónln debido a dos shocks de origen exclusivamente interno: el drástico ajuste fiscal poselectoral y la corrida bancaria del último trimestre. La autoridad monetaria no habría he-cho nada por atenuar la situación. Además, la fuga de capitales Œvinculada a la incertidumbre política durante la fase final del régimen de Fujimori se produjo un recorte del crédito bancario que agravó la recesión. En el primer semestre de 2001, el fenómeno se generalizó a todos los sectores primarios y no primarios, excepto electricidad, gas y agua, cayendo el PBI global en 1,7% con respecto a similar período del año anterior.