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¿Seguirán restringidos los flujos de capital hacia las economías emergentes? ¿Se trata de una crisis transitoria o de un cambio de mediano o largo plazo? ¿Cuáles son las alternativas de política para enfrentarla? ¿Ha escogido el gobierno una opción con sesgo recesivo? Por otro lado, ¿cuáles son las principales reformas pendientes en materia de política agraria y del proceso de privatización? ¿Cómo han afectado el crecimiento económico y el aumento del gasto social a la pobreza? ¿Qué impacto ha tenido la reforma laboral? ¿Cómo puede el Consorcio contribuir al debate nacional sobre las opciones clave de la política económica y social? Tales fueron, entre otros, los principales interrogantes discutidos en el seminario anual del Consorcio de Investigación Económica, realizado del 23 al 25 de noviembre de 1998. Este boletín recoge las ponencias presentadas, así como un resumen de los respectivos comentarios. Después de reseñar el contenido del mencionado evento, la presente publicación incluye un breve artículo sobre las características del nuevo Consorcio de Investigación Económica y Social, el mismo que ha empezado a operar desde abril de 1999. A continuación presentamos muy someramente las ponencias que fueron debatidas en el seminario. El primer bloque, los retos macroeconómicos, incluya cinco trabajos. El primero, escrito por Frenkel, examina la liberalización del mercado de capitales de América Latina durante los años noventa, en comparación a lo ocurrido en los setenta, incidiendo en los problemas de fragilidad externa y financiera. Los otros cuatro están referidos a Perú. El texto de Abusada analiza las perspectivas inmediatas del comercio exterior; y el de Cuba la sostenibilidad de la cuenta corriente, con una perspectiva a la vez empírica y teórica. El documento de Dancourt identifica los componentes del schock externo y discute las opciones de política macroeconómica para enfrentarlo. Por su lado, Velarde analiza los retos de la política monetaria, enfatizando que durante años el BCRP ha emitido soles a través de la compra de dólares, lo que ya no sería tan fácil en el nuevo contexto de escasez de divisas. El segundo bloque, las reformas pendiente, reúne cinco estudios. Escobal discute la política agraria, y hace hincapié en que el Estado no debe alterar los precios relativos sino más bien proveer bienes y servicios públicos que faciliten la inserción de los pobladores rurales al mercado. Los siguientes tres trabajos, a cargo de Pascó-Font, Quijandría y Fernández-Baca, emprenden un balance del proceso de privatización en algunos sectores clave de la economía peruana. Finalmente, el documento de Távara examina los problemas de regulación después de la privatización de las telecomunicaciones y la electricidad. El tercer y último bloque, los retos sociales y el papel de la investigación económica, agrupa tres contribuciones. Francke analiza la evolución de la pobreza en los ámbitos urbano y rural y sobre todo discute los problemas asociados a su medición y a la forma de concebirla, lo que conlleva implicancias significativas para el diseño de políticas sociales. Saavedra estudia el impacto de la reforma laboral sobre el mercado de trabajo, con énfasis en el efecto de los costos de despido. Por último, el documento de Escobal e Iguíñiz, sobre las prioridades para la investigación en el mediano plazo, es en realidad un resumen ejecutivo de un texto mucho más amplio, que les fue encomendado para orientar los esfuerzos de investigación del nuevo Consorcio. El artículo final resume las características de la nueva iniciativa. Construyendo sobre lo logrado durante 1989-1998, el nuevo Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), busca enfatizar los siguientes aspectos: impacto sobre políticas; sostenibilidad; relación entre productores y usuarios de conocimiento; apertura a nuevos centros; competencia por la asignación de fondos; multidisciplinariedad e investigación en redes; vínculos con Canadá y otros países; formación y capacitación; difusión dirigida a diversos grupos objetivo. En este marco, el CIES ha ampliado su cobertura a 25 instituciones que estamos seguros pondrán lo mejor de sí para el logro de los objetivos de este esfuerzo colectivo.
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