Boletín de opinión: Mercado de trabajo y Política Social

La reforma laboral adoptada por el Perú, en los años noventa, ha buscado reducir las regulaciones e intervenciones del Estado en el mercado de trabajo, para flexibilizar su funcionamiento y propiciar una reasignación eficiente de los recursos, en un marco de apertura a la competencia internacional. Por su parte, las políticas sociales han perseguido objetivos de compensación con respecto a los costos transitorios del ajuste para los pobres, o metas de desarrollo de nuestro capital humano. Este boletín resume cinco investigaciones del Consorcio relacionadas con tales tópicos. El estudio de Francisco Verdera analiza el impacto de la reforma laboral en el mercado de trabajo de Lima, durante el período 1990-1995. Examina las medidas adoptadas por el gobierno en materia de estabilidad laboral; relaciones colectivas de trabajo, costos laborales no salariales; nivel de empleo público; y otros aspectos. El autor discute la consistencia de la reforma, así como el logro de los objetivos perseguidos; y propone un conjunto de medidas para enfrentar los efectos adversos que identifica. Cecilia Garavito evalúa el efecto de la Ley de Fomento del Empleo (D.L. 728 y 765) sobre el ajuste del mercado de trabajo en Lima, considerando la segmentación de la estructura laboral entre el sector moderno y el tradicional. Para ello utiliza las encuestas de hogares del Ministerio de Trabajo. La autora examina la evolución de la tasa de desempleo y la duración del mismo en los sectores moderno y tradicional, así como según género, nivel de educación y grupo de edad. Aunque el nuevo marco legal ha reducido los costos de contratación y despido, no habría alterado la marcada segmentación de la estructura laboral. El documento de Humberto Campodónico examina el papel del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en el diseño y ejecución de las políticas sociales en el Perú, desde agosto de 1990 hasta abril de 1995. Distingue cuatro etapas, con una importancia cada vez mayor de los organismos multilaterales, sobre todo en el caso de los programas de compensación social. En contraste, el fortalecimiento de las políticas sociales permanentes, a partir de 1994, habría sido desarrollado desde dentro del gobierno. El trabajo de Jaime Saavedra analiza los cambios de los diferenciales de ingreso, por educación, en el ámbito urbano; usando las Encuestas Nacionales de Niveles de Vida (ENNIV) para 1985 y 1991. Tales diferenciales se calculan según grupo ocupacional, sexo, edad y región, considerando cinco niveles educativos. En general, el autor identifica un deterioro de la situación relativa de los más educados entre ambos años. Luego, busca explicar las variaciones reportadas, examinando el peso de los cambios en cuatro áreas: las ofertas y demandas relativas de trabajo según nivel educativo, la estructura ocupacional y la participación sindical. José Rodríguez discute la evolución de la tasa de asistencia escolar, contrastando las cifras resultantes de las ENNIV con aquellas procedentes de los censos nacionales. La comparación arroja diferencias significativas, sobre todo para los niños entre 5 y 9 años. Así, las ENNIV tenderían a sobreestimar los niveles de escolaridad. La próxima edición del Boletín de Opinión presentará cuatro síntesis de investigaciones del Consorcio sobre temas de naturaleza sectorial.