Boletín de opinión: Desafíos del Desarrollo en el Perú – VI Seminario Anual CIES 1996

¿Han sido adecuadas las políticas de ajuste adoptadas en el Perú desde mediados de 1995? ¿Cuáles han sido sus impactos sobre la cuenta corriente y el nivel de actividad económica? ¿Qué margen de acción tiene el Banco Central para elevar el tipo de cambio? Y, con una perspectiva de mediano o largo plazo, ¿está logrando el Perú un contexto institucional que genere confianza, inversión y crecimiento? ¿Es apropiado el nuevo marco regulatorio para fomentar la competencia y proteger al consumidor? ¿Cómo se debe atacarla pobreza? ¿Cómo desarrollar los mercados en el sector rural? ¿Qué podemos aprender de la experiencia latinoamericana? Estos y otros interrogantes fueron analizados durante el seminario anual del Consorcio de Investigación Económica, del 20 al 22 de agosto de 1996, por cinco profesores visitantes y un conjunto de académicos peruanos. El presente boletín resume las ponencias y los comentarios de los cinco bloques temáticos del evento, conforme se aprecia en el contenido. Limitémonos a reseñar las primeras. En el primer bloque, el trabajo de José María Fanelli considera que el tipo de cambio real debería guardar consistencia con los niveles de salario real y de productividad, para asegurar la competitividad de las exportaciones, y lograr una balanza de pagos sostenible en el largo plazo. En la América Latina de los años noventa, los grandes flujos de capital, unos 50 mil millones de dólares en el año previo al efecto tequila, habrían favorecido el crecimiento y la reducción de la inflación. Sin embargo, el tipo de cambio real promedio de la Región habría caído un 24%; y la pregunta es si la productividad está subiendo significativamente o si el gasto doméstico ha aumentado en forma no sostenible, elevando el precio relativo de los bienes no transables. Por su parte, el documento de Julio Velarde señala que el gasto agregado en el Perú se expandió a tasas cercanas al 20% hacia fines de 1994 y principios de 1995. La necesidad de un ajuste era ineludible, pero la política adoptada, desde mayo de 1995, habría restringido excesivamente el gasto, al no utilizar el instrumento cambiario. En realidad, el déficit en cuenta corriente de 1995 habría sido 4.8% del PBI, un tercio menor que la cifra oficial. Así, la situación de la balanza de pagos sería manejable. Sin embargo, la prudencia sugeriría una intervención más activa del Banco Central para elevar gradualmente el tipo de cambio, tanto ampliando las operaciones de esterilización, como flexibilizando las propias metas monetarias. En el segundo capítulo, Shane Hunt analiza el crecimiento de América Latina y el Perú, con una perspectiva de muy largo plazo, en el contexto mundial. El autor manifiesta que las brechas en el ingreso per cápita, con respecto a los países ricos, tendieron a ampliarse en el siglo XIX, y a mantenerse -con altibajos- en el siglo XX. Una de las principales causas sería la recurrente inestabilidad de la región, asociada a la falta de un modelo. Es decir, la ausencia de un conjunto de políticas económicas consistentes articulado con un sistema político que las respalde. Por su lado, el artículo de Efraín Gonzales de Olarte estudia la evolución de la inversión privada en el Perú desde 1950. Sus estimaciones para el período indican que la acumulación de capital explicaría un 50% del crecimiento del producto, el factor trabajo un 28% y el 22% restante obedecería al progreso técnico y otros factores. El autor subraya el papel de la estabilidad, del marco institucional y del capital extranjero como determinantes de la inversión privada, así como su relación complementaria con la inversión pública. En el tercer bloque, Albert Berry sostiene que el reto de la lucha contra la pobreza en América Latina consiste en combinar el crecimiento de las exportaciones con una elevada generación de empleo productivo. Para tal efecto, los países deberían fomentar la vinculación de las pequeñas y medianas empresas, intensivas en trabajo, con el mercado mundial. En particular, fortaleciendo las relaciones de subcontratación con las empresas grandes, que suelen tener economías de escala en la actividad exportadora. Por su parte, el ensayo de Javier Iguíñiz discute las características del desarrollo institucional en el área social y sus efectos sobre la desigualdad y la pobreza en el Perú. Entre otras hipótesis, se postula que las reformas en la salud, la educación y la seguridad social tenderían a ampliar las brechas en la calidad de los servicios recibidos por parte de los diferentes grupos sociales. En el cuarto capítulo, Alain de Janvry analiza ciertas fallas de los mercados rurales, con el enfoque de la nueva economía institucional. La existencia de altos costos de información, selección, transporte y negociación, determina que no se concrete un conjunto de transacciones que se realizarían si los mercados fuesen perfectos, pues el costo de estas transacciones es mayor que el beneficio que se deriva de ellas. El fenómeno restringe el desarrollo de los mercados, contribuye a limitar el acceso de los campesinos a diversos tipos de activos, y disminuye su nivel de respuesta frente a los incentivos económicos. El reto consistiría en desarrollar instituciones que reduzcan los costos de transacción. Por su lado, el artículo de Adolfo Figueroa examina dos tipos de intercambio en la economía rural, y revisa diversas hipótesis sobre las causas de la pobreza en el campo: el nivel de ingreso rural dependería del desarrollo de los mercados; pero, a su vez, el desarrollo de los mercados dependería del nivel de ingreso rural. En la primera relación, la variable exógena seria la tecno logia; y en la segunda, los costos de transacción y la infraestructura de transportes y comunicaciones. El desafío no sería liberalizar los mercados en el campo, sino más bien crearlos. En el último bloque, Felipe Morandé describe la experiencia chilena de desarrollo de la competencia en las telecomunicaciones y la electricidad. Estas dos actividades tienden a constituir monopolios naturales, por sus economías de escala. Sin embargo, en ciertos segmentos de ambas industrias, Chile ha logrado introducir la competencia, en beneficio del consumidor. Sobre la base de estos casos, el autor identifica tres elementos clave para una regulación que fomente la competencia. Por su parte, el artículo de Jorge Fernández-Baca señala que, después de la terapia de shock contra el caos macroeconómico, el Perú estaría dando los primeros pasos de una segunda etapa, de creación y rehabilitación institucional. En esta fase, uno de los principales instrumentos es el fortalecimiento de las capacidades regulatorias de los servicios públicos privatizados y otros monopolios. El texto precisa en qué consiste la regulación y cuándo aplicarla; para después evaluar la experiencia del INDECOPI. No podemos concluir sin manifestar nuestro reconocimiento al Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, instituciones auspiciadoras del consorcio, que le permiten contribuir a elevar el nivel del debate sobre las decisiones económicas en el Perú.