Instrumentos económicos y financieros para la política ambiental

La reforma institucional durante la década pasada se caracteriza por un crecimiento de las instituciones públicas ambientales, acompanado por un incremento sostenido de recursos públicos asignados a la implementación de la política ambiental. El país en su conjunto está atendido por distintos tipos de entidades ejecutoras de la política ambiental; y los recursos de presupuesto público asignado a esta política llegan a representar cerca del 0.5% del PIB (pudiendo acercarse al 1% del PIB si se suman los recursos privados asignados para tal fin). Sin embargo la carencia de indicadores de resultados impiden establecer la eficiencia de las instituciones y de los recursos asignados. De todas formas resaltan dos vacíos fundamentales: la alta concentración de recursos en muy pocas instituciones, sin consistencia con la magnitud de las responsabilidades a su cargo; y la inconveniencia de asignar simultáneamente a las mismas instituciones funciones de ejecución de la política ambiental y de controladoras de la ejecución de las mismas. Se recomienda por una parte reforzar los mecanismos de financiación y de inversión ambiental, con senales de mercado que incentiven cambios de comportamiento de los distintos sectores; además se recomienda separar institucionalmente las funciones de inversión de las de control del impacto ambiental de las distintas actividades, incluidas las adelantadas por las corporaciones ambientales.