Economía y Sociedad: Educación en el Perú

En los últimos años, la creciente preocupación por la educación en el Perú se ha visto reflejada en un sustantivo incremento del gasto público en este sector. De US$ 660 millones en 1994, este pasó a US$ 1.737 millones en el año 2001, cuando Toledo asumió la presidencia, y el año 2003 fue de US$ 2.080 millones. En congruencia con lo anterior, el sistema educativo en el país ha logrado una notable expansión. Hoy en día, el analfabetismo se ha reducido al 12% de la población y la escolaridad se ha incrementado a 8,8 años de estudio. Asimismo, la instrucción primaria llegó a casi la totalidad de los niños, la secundaria al 80% de los jóvenes, y la superior al 30% de los adultos de 15 a 25 años. A pesar de ello, nuestro país se encuentra lejos de los estándares internacionales de rendimiento escolar. De acuerdo con un estudio llevado a cabo en 43 países por la UNESCO y la OECD (PISA, 2003) entre los años 2000 y 2001, nuestro país se ubica en el último lugar en las pruebas de comprensión de lectura, matemáticas y ciencias. No es de sorprender, entonces, que un reciente sondeo muestre que el 91% de los encuestados considere la educación en el Perú como “regular”, “mala” o “muy mala”. En este marco de referencia, el mayor gasto en el sector por parte del gobierno ha permitido una mayor cobertura del sistema, mas no un incremento en la calidad de la educación. Asimismo, aún subsisten dificultades relacionadas con el acceso al servicio público de educación, además de desigualdades entre áreas urbanas y rurales y según género. En este escenario de expansión de la matrícula, pero en el que aún existen importantes mejoras por realizar, resulta fundamental comprender las necesidades del sector educativo en el Perú. Así, la presente edición de Economía y Sociedad busca aportar en este sentido, al incluir cinco artículos que abordan temas específicos al respecto. Todos ellos son resúmenes de estudios realizados en el marco de los concursos convocados por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). Los lectores interesados pueden consultar las versiones completas de los trabajos en la página web del CIES. El primer documento, a cargo de Miguel Jaramillo e Irma Arteaga (Instituto Apoyo), analiza empíricamente los factores que explican la distribución del gasto público en educación por alumno, tanto en el nivel de las Unidades Ejecutoras (UE) como en las mismas escuelas. Los autores señalan que, actualmente, el gasto por alumno en el Perú es de US$ 251, el cual resulta muy bajo incluso comparado con países de similar desarrollo (dicho monto es de US$ 1.134 en Argentina, US$ 734 en México, US$ 660 en Chile y US$ 430 en Colombia). Los resultados muestran que los factores institucionales y el papel que juega la Asociación de Padres de Familia (APAFA) son importantes para explicar la asignación del gasto por alumno. En particular, por cada centavo adicional por alumno recaudado por la APAFA, el gasto público en la escuela por alumno aumenta en 15 centavos. Santiago Cueto y Jorge Agüero (GRADE) llevan a cabo la segunda investigación. Los autores muestran que el rendimiento de un alumno está influenciado positivamente por el rendimiento de sus compañeros en el aula. Para el cuarto grado de primaria, estiman que la elasticidad correspondiente es 1 en el caso de las matemáticas y 0,8 en lenguaje. Estos resultados pueden ser de utilidad para diseñar políticas sobre la distribución de los diferentes tipos de alumno por aula. El tercer artículo, elaborado por Iván Montes (UCSM), tiene por objetivo caracterizar las actitudes, expectativas y percepciones de los directores de colegios públicos de Arequipa, Camaná e Islay con respecto al proceso de descentralización del sistema educativo. Los resultados muestran una actitud favorable de los directores frente a la descentralización educativa: el 75% consideró que los procesos de descentralización implican una mayor autonomía de los profesores y el 50% de la muestra estimó un incremento del poder de la sociedad civil organizada en el sector educación. Sin embargo, el autor sugiere que aún existe un gran desconocimiento respecto de las implicancias de este proceso. En el cuarto texto, Tania Vásquez y Patricia Oliart (IEP) estudian las relaciones entre los organismos regionales del Ministerio de Educación y los múltiples agentes de la comunidad educativa –padres de familia, maestros, directores y organismos no gubernamentales. Las autoras concluyen que las normas de carácter descentralizador han sido aplicadas solo de manera parcial debido, por un lado, a la inercia burocrática del propio sistema educativo y, por el otro, a los conflictos entre los principales actores de dicho sistema. En el quinto trabajo, Raúl Jáuregui, Lidubina Carrasco e Iván Montes (UCSM) buscan obtener información del pensamiento del docente en el aula sobre las técnicas pedagógicas y los sistemas de evaluación utilizados. De igual forma, analizan sus potenciales efectos en el rendimiento de los alumnos en las escuelas públicas. Los resultados encontrados revelan que la percepción del docente respecto del rendimiento de sus alumnos es preocupante: un 67% de docentes piensa que el rendimiento deficiente es principalmente atribuible al alumno. La responsabilidad del maestro es minimizada y la percepción mayoritaria es que los alumnos están mal preparados. Las cuatro contribuciones siguientes constituyen trabajos sobre temas específicos. El estudio de Lorena Alcázar y Rodrigo Lovatón (GRADE) analiza las características del proceso de concesión del puerto de Matarani y estima su impacto en la economía y en los agentes afectados por el proceso. Los autores concluyen que el efecto total de la concesión en el bienestar de la economía es positivo y alcanza los US$ 14 millones, superando ampliamente el valor de la concesión (US$ 9.7 millones). En particular, los grupos ganadores en la concesión son el gobierno, el concesionario y los consumidores, mientras que los usuarios intermedios y los trabajadores del puerto constituyen los grupos perdedores. El sétimo documento, realizado por Felipe Portocarrero y Álvaro Tarazona, evalúa la rentabilidad de los productos ofrecidos por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CRAC) a fin de identificar recomendaciones para mejorar su gestión. Los resultados muestran que los productos que producen pérdidas en las CRAC son los créditos agropecuarios y los comerciales, así como aquellos denominados en moneda extranjera. Se concluye que la gestión de las agencias puede ser mejorada adaptando la oferta de los productos de cada agencia a la demanda real y potencial. En un contexto en el que la deforestación de los grandes bosques crece desproporcionadamente, el artículo de Hernán Tello, Américo Quevedo y Jürg Gashé (IIAP) busca identificar las barreras a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y analizar los recursos financieros existentes para tales fines en la región de Loreto. Los autores plantean promover la eficacia institucional de los órganos reguladores y la participación y el capital humano, además de trabajar en la misma dirección que las fuerzas del mercado. La investigación de Ricardo de la Cruz y Raúl García (Macroconsult) analiza los mecanismos de fijación de tarifas y de expansión del sistema de transmisión eléctrico. Los autores concluyen que falta un mecanismo transparente para tomar las decisiones de expansión del sistema eléctrico peruano y sugieren la creación de una entidad que planifique la transmisión como un primer paso para generar mecanismos de expansión más eficientes.